Ahora se cumpliran 8 años. Gobernaba la Comunidad de Madrid, Ignacio González, imputado en la actualidad por varios casos de corrupción. Desde su ejecutivo argumentaban tras un mes de huelga por parte de los sanitarios: «El Gobierno regional lo que quiere es que se atienda a los madrileños que están pagando este servicio con sus impuestos». » El derecho a la huelga es respetable, pero no se tiene que jugar con la salud de los pacientes, ni utilizar los servicios públicos de salud para reivindicaciones particulares o sindicales».
El hecho por el que produjo la huelga no era otro que la aprobación por la Asamblea de Madrid donde tenía mayoría el PP de una ley que tuvo por nombre «Ley de Acompañamiento de los Presupuestos». Aquella ley que como decimos aprobó el PP contemplaba la externalización de la gestión de seis hospitales públicos.
Durante el mes de protestas los médicos especialistas de los hospitales madrileños tuvieron que suspender 6.200 operaciones y 40.000 consultas. Los populares anunciaron a bombo y platillo el Plan de Sostenibilidad de la Sanidad Pública cuyo objetivo fue externalizar o dicho de manera más popular, privatizar la gestión de seis hospitales públicos y 27 de los 269 centros de Atención Primaria, según argumentaron, para ahorrar 533 millones en sanidad ante la merma de los presupuestos regionales.
El encargado de explicar esta errónea gestión que hoy es consecuencia en parte de la situación sanitaria que sufren los madrileños fue el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty que en una entrevista en ABC señaló que los profesionales de la sanidad y los partidos políticos de la oposición «estaban mintiendo mucho a los ciudadanos» calificando de «muy ruin asustar con mentiras», añadiendo que «la sanidad va a seguir siendo pública, gratuita, universal y de calidad», algo que después se vio que no era así. La crisis sanitaria del coronavirus les ha puesto en su sitio.
