Como viene siendo habitual con otras adjudicaciones que ya hemos advertido desde aquí durante el estado de alarma, el Gobierno adjudicó dos contratos de «desinfección» de edificios y vehículos a la empresa Higitech, con sede en Castellón (Valencia), sin que esta estuviera inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB).
Según indica Vozpópuli, fue «negociado sin publicidad» como «una contratación de emergencia al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y de conformidad con el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la pandemia».
De los contratos el mayor ha sido una adjudicación del 19 de marzo (publicada en el BOE el 14 de mayo) de 246.107,60 euros para un «servicio de desinfección específica para la covid-19 en determinados edificios de los servicios centrales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».
La gravedad el caso es que fuentes jurídicas remarcan que, aun en el actual estado de alarma, solo las empresas registradas en el ROESB pueden ofrecer servicios de desinfección con biocidas a terceros, tal y como lo exige la Orden SCO/3269/2006, ya que, si no fuera así, se estaría incurriendo en una irregularidad con posibles consecuencias legales.
