Desde el comienzo de la pandemia se esperan algarabias de juzgados por la denuncias que han de venir. Pero desde ayer comienza un nuevo Caso de Estado con mucha mar de fondo que pocos esperaban. La trifulca Policia-Interior-Justicia para ver quien marca más paquete, muy de la piel de toro nacional, acaba de confirmarse. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus entre ellas, la marcha del 8-M-, envió ayer un escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, que no tiene desperdicio.
En este le advierte de que ha dado “orden expresa” a la Policía Judicial de la Guardia Civil de guardar “rigurosa reserva” sobre la evolución de estas pesquisas, de modo que los agentes solo le informen a ella del resultado de sus averiguaciones. En este documento según El País, la juez también destaca que la ley prevé que la “infracción de dicho deber” se castigue disciplinariamente, “sin perjuicio de otras responsabilidades”. “Que pudieran ser penales”, apostilla el escrito, donde Rodríguez-Medel subraya que, de incumplirse, el juzgado que encabeza podría abrir la “correspondiente investigación”.
Dicho ‘aviso’ se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidiese cesar al servilista de las derechas y complaciente ejecutor del 1-O, coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Aunque oficialmente se ha justificado esta decisión por una supuesta “pérdida de confianza”, “El informe es la gota que colma el vaso de una sucesión de actuaciones que revelan la falta de neutralidad política exigible a un funcionario público”, destacan responsables del departamento de Marlaska.
El instituto armado y de Interior han detallado que se ha producido a raíz de que esa comandancia enviase a Rodríguez-Medel un informe en el marco de esta causa con graves acusaciones contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, al que incluso atribuye actitudes que suponen presuntos delitos.
