A un Estado militarizado y represivo solo le faltaba una red nacional de vigilancia epidemiológica para que vele por el control del coronavirus en la ‘nueva normalidad’. Sería normal sino se tratara de España, paradigma de la opresión. El Gobierno ha decidido crear este instrumento para la “detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica”.
Para ello, el Ejecutivo central dispondrá de todo tipo, se espera que sea sin coacción ni represalias, de datos relativos a la covid-19, tanto del sector público como del privado, que estarán obligados a proporcionar esta información, tal y como recoge el artículo 22 del decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles. Puede desembocar en 1984 de Orwell con 35 años de ‘retraso’ para España, en su línea.
El texto, que está siendo consensuado con los gobiernos regionales, recoge la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas para «la adopción, supresión, modulación y ejecución» de medidas correspondientes a la fase 3 «salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada» para cada una de ellas.
Además, los gobiernos autonómicos decidirán si se da por superada esta última etapa del plan de transición «con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos». En cualquier caso el Gobierno quiere dejar bien atado el final del estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus y el paso a lo que ha venido en llamar «nueva normalidad» maquillada, para esconder una red nacional de vigilancia.
