La corrupción es una lacra instaurada en España. Su extirpación supondría limpiar los 1,063 billones de deuda al Estado en poco más de 10 años. Es el cuarto problema en importancia para los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Cuesta 90.000 millones al año, es decir, 2.000 a cada ciudadano, y existen por su causa en la actualidad 166 procedimientos judiciales abiertos contra 1.378 investigados.
Lara Carrasco, abogada curtida en las acusaciones de casos tan mediáticos como el de la venta de viviendas sociales por el Ayuntamiento de Madrid a fondos buitre o la Gürtel porque vive y ejerce en Madrid, va amás allá y afrima que, “hasta podríamos prestar dinero a Alemania”. De residir en Andalucía, muy probablemente estaría luchando contra el fraude de los EREs o el de los fondos de formación, ya que la corrupción es un problema que “no entiende de colores políticos”.
Es además es portavoz de Corruptil, una asociación que aglutina a un grupo de letrados y jueces, pero también periodistas y otros profesionales que han emprendido una lucha desigual contra una sangría del Tesoro Público que supone el 4,5% de un Producto Interior Bruto (PIB), cuya caída estará en torno al 8% con la crisis económica contingente a la sanitaria generada por el Covid-19. Es decir, más de la mitad del daño que causará el coronavirus en nuestros bolsillos.
Con ese propósito, han elaborado un proyecto de ley a partir de la directiva aprobada por la Comisión Europea en abril de 2019, aunque publicada en el Boletín Oficial del Parlamento en diciembre, fecha a partir de la cual España tiene un plazo de dos años para ponerla en marcha. La iniciativa comunitaria parte de un concepto amplio de la corrupción, en el que incluye tanto ‘hechos ilícitos’ como ‘no éticos’, y obliga a todas las administraciones y empresas con más de 50 empleados a mantener un buzón de denuncias anónimas.
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Otro factor de especial relevancia, según AlmeriaHoy, es el relativo a la elección de los magistrados que deben integrar estos tribunales especiales en un país como el nuestro, en el que no existen órganos judiciales independientes porque sus miembros son elegidos por diputados que ni siquiera son votados directamente por los ciudadanos, sino como integrantes de unas candidaturas elaboradas por los partidos.
