Una nueva trama salpicaba al PP, pero la justicia no es igual para todos. El Tribunal Supremo ha cerrado la última puerta para que la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su equipo rindan cuentas por haber malvendido 1.860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone, de manera absolutamente irregular.
El periplo judicial hasta este desenlace arrancó en diciembre de 2018, cuando el Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar 25,7 millones de euros -el valor del perjuicio causado a las arcas públicas-, por vender estas 1.860 viviendas protegidas por debajo del precio de mercado, en 2013.
El Alto Tribunal dio a conocer este jueves un auto en el que desestima el recurso interpuesto por la concejal socialista Mercedes González, contra el auto por el que el Tribunal de Cuentas le impidió recurrir la absolución de la exdirigente del Partido Popular, en diciembre de 2019.
Se da la circunstancia, según Público, de que el ponente de este auto, Fernando Román, fue secretario de Estado de Justicia cuando Alberto Ruiz-Gallardón era ministro del ramo en el Gobierno de Mariano Rajoy, también del PP. Gallardón es, a su vez, el predecesor directo de Botella en la Alcaldía de Madrid. Más Justicia #MarcaEspaña.
