El escándalo de la plataforma Castor de Florentino Pérez tiene visos de no acabar nunca. Si no se erradica una lacra de raíz es lo que suele pasar. En noviembre hará dos años que el Tribunal Supremo estimaba un recurso contencioso-administrativo presentado por la patronal catalana Cecot, reconociendo la obligación de devolver a los consumidores de gas los más de 17 millones de euros percibidos por Enagás (Un chanchullo del Estado con el gas para sus puertas giratorias) en concepto de operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor durante 2014 y 2015.
En su escrito, el tribunal señalaba que «la Administración debe obrar en consecuencia para llevar a efecto ese pronunciamiento anulatorio y, en su caso, adoptar las medidas procedentes para proceder al reintegro de las cantidades abonadas al amparo de la orden que se declara nula».
A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional ya declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En concreto, el Supremo se refería en esa nueva sentencia a los importes percibidos por Enagás por este concepto de operación y mantenimiento en 2014, durante el mes de diciembre, y en el año 2015.
No obstante, el Alto Tribunal señala que siendo la devolución de las cantidades «una consecuencia natural del fallo, no procede sin embargo que haga un pronunciamiento específico en el sentido que se propugna, que no dejaría de ser hipotético, pues en el curso del proceso no ha quedado debidamente acreditado que efectivamente se hayan realizado pagos ni, por tanto, las fechas y cuantías de los que se hayan podido realizar».
En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.
Deuda ‘milmillonaria’
La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros y que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.
En su sentencia de diciembre de 2017, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.
Pagos ya paralizados
A finales del pasado mes de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank, según consta en el informe de la liquidación provisional del sector gasista correspondiente al pasado mes de noviembre.
El regulador indicó así que, en aplicación de la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro dejaban «de ser sujetos del sistema de liquidaciones».
La patronal Cecot denuncia al Gobierno por descartar el retorno a los consumidores del sobrecoste de Castor
Ahora la patronal Cecot ha presentado un nuevo recurso contra el Gobierno por no devolver los 34,5 millones de euros a los consumidores perjudicados por el coste de compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasista Castor, de Florentino Pérez, que no llegó a ponerse en un funcionamiento.
El presidente de la patronal catalana, Antoni Abad, ha afirmado que «este dinero de más que pagaron por una infraestructura fallida, que no mejoró el servicio que recibieron durante aquel periodo, ahora en vez de devolvérselo» lo utilizarán para otras finalidades que se desconocen y tampoco saben si podrán beneficiarse, ha apuntado en este jueves en un comunicado.
Abad ha calificado la medida del ejecutivo de «injusta y asegura que no obedece ni a los fundamentos de la demanda, ni al mandato judicial de la sentencia del Tribunal Superior, que no es ni más, ni menos, «que el de devolver el sobrecoste entre los años 2014 y 2018″
Además, ha recordado que los consumidores «más intensivos» de gas son las empresas, por eso ha justificado la presentación de esta demanda. En una respuesta escrita al grupo parlamentario de ERC en el mes de febrero, el Gobierno afirmó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exigió el mes de julio del 2019 el reintegro al sistema gasista de las cuantías abonadas y que cuantificó de 209.721.751 euros de Escal, 34.553.812 euros de Enagás y 141.163.269 euros a entidades financieras, pero no explicitó que se hubiera llevado a cabo el reintegro al sistema gasista de los 4,5 millones de euros pagados a la empresa Escal UGS en 2016, o los 141.163.269 euros cobrados por las entidades financieras.
Todo este lío viene dado porque los grandes nombres de los negocios de la rancia alcurnia española, como Florentino Pérez, tienen el poder de presionar a todos los estamentos del Estado. Hacen bien si se le permiten contratos como el que firmo Castrol con el PP. Pero que ahora los socialistas tengan que ser denunciados por no haber extirpado el problema, pasarse por allí el mandato judical y seguir en la misma línea, ya no tiene perdón…
