Así funcionan la política y las empresas en España, y así les va. La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), el órgano del ministerio de Política Territorial y Función Pública encargado de prevenir las denominadas puertas giratorias, ha dado en los últimos dos años el visto bueno a 174 peticiones de ex altos cargos para incorporarse a actividades privadas tras su paso por la Administración pública.
En los primeros doce meses tras la salida de La Moncloa del expresidente Mariano Rajoy se concedieron 94 permisos para ejercer actividades profesionales o para el ingreso en empresas. Tal con indica vozpopuli, desde junio del año pasado, se ha dado luz verde a otras 80 peticiones para trabajar en compañías o participar en entidades privadas dentro del período de dos años en el que los ex altos cargos están sujetos por ley a una autorización previa.
La desvergüenza de la corrupción llega al Estado cuando se incumple la ley que dice que «Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado», a tenor literal del artículo 15 de la ley de altos cargos. Pero en #MarcaEspaña hay margen para la interpretación y muy pocas peticiones son denegadas. Numerosos son los escándalos, significativo fue el de Soraya Sáenz de Santamaría, o hace unas semanas con el de José Montilla o mediante el Ejército, etc.
Así saltándose a la torera lo que indica el Boe, algunos solicitantes han recibido hasta una decena de permisos para ejercer actividades o profesiones por cuenta propia. En otros casos simplemente han sido autorizados para reingresar como cargos orgánicos en sus partidos o impartir clases en entidades privadas de enseñanza superior. Según el último informe semestral elevado por el organismo a las Cortes Generales, había 666 altos cargos en activo a 31 de diciembre de 2019.
