La organización de defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha denunciado hoy martes que durante el estado de alarma se han producido 61 casos de abusos vulnerando los derechos de estas personas. Así se denuncia en el informe que acaba de publicar la organización que puede consultarse aquí.
El informe refleja que «el estado de alarma ha confirmado la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo su función con un enfoque principalmente coercitivo y sin criterios claros de actuación, especialmente en el trato con grupos vulnerables y con necesidades específicas. El estado de alarma ha confirmado, una vez más, la necesidad urgente de reformar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana eliminando aquellos artículos que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información como, por ejemplo, la imposibilidad de la celebración de reuniones espontáneas o las prohibiciones genéricas para celebrar reuniones en ciertos lugares.»
«La emergencia sanitaria no puede justificar el incumplimiento de los derechos humanos», ha señalado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. Lo ha hecho ante las puertas del Congreso de los Diputados, junto a unas caricaturas que muestran la denuncia ante los abusos policiales.
Esta denuncia se produce en el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza).
Denunciaron a personas en situación de pobreza
Según señala el informe, Amnistía Internacional ha recibido informaciones sobre personas en situación de calle que han sido denunciadas por incumplir las medidas de confinamiento, en al menos Madrid, Valencia y Barcelona. Algunos casos han desembocado en procedimientos penales. En el caso de Madrid, una trabajadora del Sámur Social explicó a la organización que la situación durante las primeras semanas de confinamiento fue complicada por falta de instrucciones claras a la policía y la descoordinación había provocado incertidumbre para muchas personas sin hogar. En el caso de Barcelona, la fundación Arrels explicó a Amnistía Internacional que tenía constancia directa de ocho propuestas de sanción a personas sin hogar por parte de la guardia urbana.
Casos de arbitrariedad policial
Señala también la organización que el 7 de mayo, Xanti Hidalgo acudió junto con otras tres personas a un piso de Vitoria-Gasteiz para ayudar a una familia con tres niños pequeños, que había ocupado dos días antes una vivienda deshabitada propiedad del Ayuntamiento. Esta familia, de origen colombiano, llevaba meses solicitando ayuda a los servicios sociales para acceder a una alternativa habitacional, sin ninguna respuesta. Fueron echados de la vivienda en plena pandemia, ocuparon otra para no quedarse en la calle. Xanti y sus acompañantes llevaron mesas, sillas, un colchón y una bombona para mejorar las condiciones de vida de esta familia. Una vez allí se personaron agentes de la policía local, que comenzaron a golpear fuertemente la puerta. Cuando abrieron, los agentes comunicaron a Xanti y sus acompañantes que no podían estar en el piso porque estaban incumpliendo el confinamiento. Obedecieron y salieron de la vivienda. Una vez fuera, fueron denunciados por la policía.
Obstaculización del trabajo a periodistas
El informe recoge el caso de Jon Hidalgo, periodista de Hala Bedi, que el pasado 8 de mayo se encontraba grabando una movilización de protesta contra el desalojo de un local por parte de la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz. Según ha dicho a Amnistía Internacional, tuvo que identificarse y acreditar ser periodista reiteradamente, cada vez que llegaban nuevos agentes al lugar. Finalmente, uno le ordenó que dejara de grabarle. Jon relata que el agente insistía en que tenía derecho a visionar las imágenes que había grabado y a eliminar las que considerase oportuno. Jon, por su parte, indicó tener derecho para grabar lo que quisiera. La discusión con el agente se prolongó durante un cuarto de hora aproximadamente. Según su testimonio, el agente le advirtió de que se arriesgaba a cometer un delito de desobediencia si no le entregaba el teléfono móvil y le amenazó con detenerle. Tras repetir esta amenaza unas cinco veces, le entregó el teléfono al agente, que dijo que iba a darle un «acta de ocupación» para acreditar que había confiscado su teléfono. Según su versión, el agente tuvo el móvil en su poder otros 15 minutos. Después, se lo devolvió junto con su documentación, pero sin entregarle ningún tipo de acta. «No te he dado el acta de ocupación, así que no te lo he ocupado. Te lo voy a devolver, pero te voy a explicar por qué: ¿a que no estás inscrito como periodista?». Tras hacerle entrega del teléfono, el agente volvió a amenazar a Joan, esta vez con una multa de 40.000€ a 300.000€, si publicaba las imágenes. Joan lamenta que entre el tiempo que estuvo discutiendo con el agente, más el tiempo que sufrió la requisa de su teléfono, no pudo ejercer su trabajo durante cerca de media hora. De hecho, cuando recuperó su móvil, el operativo policial había terminado. Joan presentó una queja al Ararteko por estos hechos el día 24 de junio.
Uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía con tintes racistas
El informe recoge el caso de Celenia de Aza, mujer de nacionalidad dominicana, que trabajaba como limpiadora en un hotel «medicalizado» de Barcelona. El 11 de abril regresó a su casa después del trabajo y, tras ducharse, salió al supermercado a comprar. En ese momento fue interceptada por los Mossos d’Esquadra que le preguntaron la razón de su presencia en la calle. Celenia Relata que cuando explicó que iba a comprar algo para comer, tras regresar del trabajo, uno de los agentes le dijo que estaba mintiendo, y le espetó «¿tú qué eres, doctora o puta? ¡Vuelve a tu casa!». Celenia contestó «¿cómo que me vuelva?; ¿qué voy a comer, aire? Gilipollas, ¿no ves que vengo de trabajar?», tras lo cual el agente empujó a Celenia. Una vecina de la zona grabó la actuación policial justo después de que el agente empujase a Celenia, y cuando ella se encontraba ya en el suelo, inmovilizada, y rodeada por cuatro agentes. Celenia relata que notó como presionaban su espalda y pidió que pararan porque no podía respirar. Mientras estaba en el suelo, gritó pidiendo ayuda a los vecinos. Celenia cuenta que ya en el coche, camino de comisaría, uno de los agentes le propinó un puñetazo en la boca. Tras ser atendida en el hospital ese mismo día, el parte de lesiones constata que presentaba una «herida contusa en labio inferior izquierdo», así como «dolor a la movilización» en el codo izquierdo. Celenia, que ha sido despedida de su trabajo después de estos hechos, considera que el motivo del despido fue la imposibilidad de ejercer sus funciones después de las lesiones en el brazo y la boca.
Registros de domicilios sin orden judicial
- D. y su familia llegaron a España hace dos años como solicitantes de asilo, procedentes de Colombia, huyendo de la violencia de grupos paramilitares. Tras ser denegada su solicitud en diciembre de 2019, la pandemia les sorprendió en Vitoria-Gasteiz donde desde febrero, todos los miembros de la familia (la pareja más tres niños pequeños) convivían en una sola habitación de la que se les echa el 5 de mayo. Esa misma noche ocuparon una vivienda deshabitada al no haber recibido ninguna alternativa habitacional por parte de servicios sociales. Desde ese mismo día y hasta principios de junio, la presencia policial en la vivienda ha sido constante. S.D. ha contado a la organización que, hasta en dos ocasiones, agentes policiales entraron en su vivienda sin mediar orden judicial. En ambas ocasiones intentaron forzar la puerta de entrada. En una ocasión los agentes le dijeron: «nosotros tenemos todo el derecho a tumbar la puerta porque nos llaman de emergencia y no sabemos qué nos vamos a encontrar», según recoge el informe de Amnistía Internacional.
Por estos casos denunciados, Amnistía Internacional realiza una serie de peticiones: la organización realiza cuatro peticiones a las autoridades:
- Que investiguen las denuncias y situaciones de abusos y violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad.
- Que incorporen mecanismos independientes de investigación y garantías efectivas de supervisión y de rendición de cuentas de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Estos mecanismos de rendición de cuentas ya existen en otros países de nuestro entorno como Bélgica, Reino Unido, Irlanda o Noruega.
- Que elaboren un informe que evalúe la actuación de las fuerzas de seguridad durante el Estado de Alarma, en especial sobre grupos vulnerables.
- Que lleven a cabo una reforma urgente de la Ley Mordaza para garantizar el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y acceso a la información para toda la ciudadanía.
Amnistía no está de acuerdo con la respuesta institucional recibida
La organización afirma que el Ministerio de Interior no ha proporcionado información sobre directrices o protocolos específicos en relación con los colectivos vulnerables que demandaba Amnistía, y además, la respuesta dada insistía en que «el ejercicio de la potestad sancionadora produce un efecto disuasorio en las personas frente al ejercicio de acciones insolidarias», algo con lo que Amnistía Internacional no está de acuerdo.
