Libertad con cargos, pero sin medidas cautelares, sobre un injusto caso. Así han salido de los juzgados de Sabadell y Mollet los cuatro investigados en la operación Judas que este martes estaban citados a declarar en la Audiencia Nacional.
Ni la Fiscalía, ni las acusaciones han pedido ninguna medida cautelar para los acusados, para quienes se mantienen, sin embargo, los cargos.
Los acusan de pertenencia a organización terrorista por haber participado en movilizaciones postsentencia y por ser conocidos de los primeros siete miembros de CDR detenidos y encarcelados en septiembre del año pasado por supuestamente haber planeado una respuesta violenta al veredicto del 1 de octubre.
La abogada de los encausados, Eva Pous, explicó que se han acogido a su derecho de no declarar y sólo han respondido las preguntas de la defensa relacionadas con su arraigo en el territorio.
A raíz de la pandemia, los cuatro investigados han declarado por videoconferencia desde los juzgados de Sabadell y de Mollet, los más próximos a sus domicilios.
Nueve meses de la operación Judas
Han pasado 9 meses de la macrooperación de la Guardia Civil, con medio millar de agentes desplegados por el Vallès Occidental, Vallès Oriental y Osona, que terminó con nueve detenidos. Según la Fiscalía, formaban parte de un «grupo terrorista de carácter secesionista» preparado para actuar.
La Guardia Civil les había seguido y había escuchado sus conversaciones telefónicas desde un año antes de detenerlos.
Según las diligencias policiales, tenían un plan para ocupar el Parlamento con la supuesta implicación del presidente Quim Torra, pero de las declaraciones judiciales de uno de los acusados, Ferran Jolis, se desprende que la idea sólo la sabía de oído:
«Esto dijeron, que entrarían por la puerta principal porque había gente dentro, que ya habían hablado con ellos y que los dejarían entrar.»
El sumario del caso recoge los delitos más graves: terrorismo, tenencia de explosivos y conspiración para la comisión de estragos, y siete de los detenidos han pasado meses en prisión. Todo ello sin encontrar explosivos ni probar que nadie esturdiera in¡implicado en una banda terrorista. Inaudito pero así está la justicia en España.
