Como a los dirigentes políticos españoles les ha funcionado hasta ahora, siguen en esa línea. El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana está usando todos los recursos a su alcance para dificultar su juicio en el caso de corrupción Erial. Si en un primer momento intentó que se anulara la investigación, ahora prefiere que la investigación la continúe la Audiencia Nacional y no la jueza de instrucción de València, que ha sido la que le ha requisado ya más de seis millones de euros y quien lo mantuvo meses en prisión provisional para evitar la destrucción de pruebas.
Zaplana exministro de Trabajo con el PP está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 8 de València en el caso Erial por sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano. En la causa está imputado el expresidente por delitos de blanqueo, malversación y prevaricación. Pero la defensa de Zaplana está empleando las mil y una tretas necesarias para intentar acabar con el proceso o que sea la Audiencia Nacional –donde es de suponer que hay contactos– la que siga con el procedimiento. Al más puro justicia #MarcaEspaña.
En marzo de 2019 los abogados de Zaplana pidieron la nulidad de las actuaciones realizadas en el caso Erial, que supuso su detención y permanencia en prisión durante algo más de 8 meses. La defensa alegaba que el hallazgo de los documentos que le imputan fue «casual», archivos con los que la Guardia Civil reconstruyó la hoja de ruta para el cobro de presuntas comisiones en el extranjero de los pelotazos que dio la familia Cotino. Finalmente la Audiencia de Valencia, tal como indica eldiario.es rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa.
Posteriormente también intentó anular la confesión del uruguayo Fernando Washington Belhot, quien explicó dónde ocultaba Eduardo Zaplana una fortuna de 11 millones de euros, cómo accedía al dinero y cómo lo blanqueaba, será plenamente válida. El último recurso de apelación presentado ha sido contra la decisión del pasado 17 de junio de la instructora, que rechazó el traslado de la investigación a Madrid, y aseguraba, sobre la exculpación de Zaplana, que los indicios en su contra «perduran y se acrecientan con la instrucción»…