La propuesta ha surgido de Barcelona en Común, y ha sido apoyada por el PSC, que son las formaciones que actualmente gobiernan en el Ayuntamiento con Ada Colau como alcaldesa.
La declaración ha contado con la firma, además de los dos socios de gobierno, de JxCat y ERC. En contra se han pronunciado Cs, PP y BCN Canvi.
En el texto se pide de manera explícita que el ordenamiento jurídico sea reformado para revisar los aforamientos de los cargos públicos, y concretamente de los miembros de la familia real, garantizando la investigación de los presuntos hechos delictivos para evitar que queden impunes.
Expertos juristas consultados por Las Repúblicas han explicado que, aunque este texto prosperase, si la ley pudiera modificarse, nunca podría tener efectos retroactivos. Esto significa que una ley no puede aplicarse para dar marcha atrás en el tiempo, por lo que en caso de modificarse los aforamientos y la protección de la que ahora goza el jefe de Estado, sería a partir del momento de entrada en vigor de esa ley, no pudiendo surtir efecto para hechos acontecidos anteriormente.
