Laura Borrás, la diputada de Junts per Catalunya (JxCat), ha dicho basta y se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo, Eduardo de Porres, que la investiga por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que pudo cometer durante la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
Borrás ha llegado al Supremo acompañada de su abogado, Gonzalo Boye -el mismo que el del expresidente catalán Carles Puigdemont y de su sucesor en el cargo, Quim Torra– poco antes de las once de la mañana, la hora a la que estaba citada por el juez.
Por su parte, el portavoz de JxCat en el Parlament de Catalunya, Eduard Pujol, ha denunciado este miércoles que la investigación abierta en el Tribunal Supremo contra la diputada del mismo partido en el Congreso de los Diputados por las presuntas irregularidades en 18 contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) es una «causa general» que forma parte de la «represión del Estado» al independentismo.
Para el portavoz de JxCat la investigación contra Borrás es una «situación absolutamente injusta» que responde a la «manera de dialogar tan particular» que tiene el Estado contra el «camino emprendido por el independentismo». «La fórmula del Estado es la represión y es un camino equivocado porque no vamos a dar marcha atrás», ha dicho Pujol.
