“Las personas interesadas en participar en dicha convocatoria deberán enviar la solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico”, dicen las diversas convocatorias de selección de aspirantes a funcionario interino que ha convocado la Junta de Andalucía valiéndose del Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, aprobado en pleno estado de alarma y que habilitaba a la administración a establecer “medidas extraordinarias y urgentes” en el contexto del estado de alarma.
Mediante declaración responsable, según especifica la convocatoria, los candidatos deben mostrar su “capacidad para desempeñar un puesto de trabajo con la continuidad que demanda la situación excepcional que se afronta”, incluyendo a continuación el listado de colectivos no aptos, lo que ha provocado la indignación en pocos sectores de la sociedad andaluza.
Entre los colectivos excluidos de las convocatorias, destacan las mujeres que “estén embarazadas o en periodos de lactancia”, así como los mayores de 60 años, las personas con diabetes, hipertensión, enfermedades hepáticas, pulmonares, renales, neurológicas, cáncer o VIH.
La solicitud también destaca que es necesario enviar el curriculum vitae, porque la contratación se hará por orden de llegada de la solicitud y no por méritos. Así lo ha denunciado Soledad Pérez, diputada del PSOE en el Parlamento andaluz.
Ni mérito,ni publicidad, ni igualdad, la forma de contratar interinos y la convocatorias huelen a enchufe 🔌 de lejos, pero no mayores de 60, ni mujeres embarazadas, ni VIH, y sin reserva del 10% discapacidad, totalmente denunciable @JuanMa_Moreno pic.twitter.com/4mxbtkstRM
— Soledad Pérez (@msoledadperez) July 28, 2020
Por su parte, Inmaculada Nieto e Ismael Sánchez, diputados de Izquierda Unida, han elevado una queja a la Cámara de Cuentas de Andalucía en la que denuncian que “a pesar de haber finalizado el periodo de vigencia del estado de alarma, la fórmula elegida se ha mantenido”.
Nieto y Sánchez denuncian también a la Cámara de Cuentas, en un escrito al que ha tenido acceso LUH, el plazo de 24 horas para enviar solicitudes a una dirección de correo electrónico y que sea el orden de llegada lo que determine finalmente quién acabará ocupando las plazas ofertadas.
‼️ Solicitamos a la Cámara de Cuentas que investigue las contrataciones exprés que ha realizado el Gobierno andaluz.
⚠️ Estas se han realizado sin previo aviso y sin criterio de selección.
👥 @InmaNietoC e @ismaelsc_ han denunciado este asunto. https://t.co/GIyoMLnQe6
— IU Andalucía🔻 (@iuandalucia) July 21, 2020
Izquierda Unida considera que con este procedimiento se hace “imposible” la fiscalización del proceso por parte del Parlamento andaluz, por lo que ha pedido a la Cámara de Cuentas que impulse un estudio de estas convocatorias para valorar su idoneidad o no.
En concreto, la Junta de Andalucía ‘enchufará’, valiéndose de las leyes del estado de alarma, a 122 administradores generales, adscritos a la máxima categoría que existe en la administración (A1), a 14 arquitectos superiores, 26 ingenieros técnicos; 26 peritos agrícolas; 10 trabajadores sociales; 1 informático; 11 aparejadores; 2 técnicos de grado medio, opción pesca; 15 ingenieros informáticos; 10 ingenieros de minas, 8 veterinarios y 10 conservadores de patrimonio.
Sólo en la convocatoria que se cierra este 29 de julio se contratará a 257 funcionarios interinos, que podrán firmar documento público como cualquier otro funcionario que ha obtenido su plaza a través de concurso u oposición. Con esta misma fórmula, la Junta de Andalucía ha contratado ya, a principios de verano, a 3.000 vigilantes de playa.
La oposición critica que el Gobierno andaluz no haga uso de las bolsas o, en caso de que se hubieran agotado, no haya abierto un proceso extraordinario de baremación de méritos para crear bolsas de trabajo que tengan en cuenta el mérito, la igualdad y la libre concurrencia, criterios constitucionales de acceso a la función pública.
Los decretos sobre los que se apoya el Gobierno de Juanma Moreno fueron creados para poder contratar de urgencia los refuerzos en hospitales, centros de mayores y otras áreas esenciales. Así lo ha denunciado CCOO, que acusa a la Junta de “saltarse los procedimientos de contratación establecidos».
