A día de hoy son 28.472 las personas fallecidas por COVID-19 en España. Una cifra que puede oscilar, puesto que muchas personas fallecidas no fueron oficialmente consideradas como víctimas del virus, al no haberse realizado pruebas ni autopsias. No obstante, es una cifra que nos escandaliza, nos preocupa y ha supuesto una angustia colectiva llena de impotencia y dolor.
A nivel mundial siguen sumando fallecidos, y esta pandemia no tiene visos de tener fin, al menos por el momento.
Conocemos las consecuencias que ha desencadenado esta crisis sanitaria: a nivel económico, a nivel social, a nivel personal en cada uno de nosotros. Sin embargo hay algo de lo que no se habla, son las grandes olvidadas: las personas dependientes.
Según los datos facilitados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que a su vez se basan en los datos del Ministerio de Derechos Sociales, en seis meses han fallecido en España más de 32.000 personas que se encontraban en lista de espera de la Dependencia. Entre ellas, 20.413 tenían derecho reconocido y 11.622 estaban aún pendientes de valoración por parte de la Administración.
De las personas reconocidas como dependientes, la mitad ha fallecido estando en residencias, un dato que pone el foco en un lugar que preocupa: no sólo a los familiares de estas personas, sino también a la Administración pública.
Desde la Asociación se exige al Gobierno que aumente la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, y pone de manifiesto que “se está abandonando sin atenciones a las 395.526 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento”, según han afirmado para diario Público.
El presidente de la Asociación, Jose Manuel Ramírez Navarro envió una carta, que también hizo pública al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La carta completa puede leerse aquí. En ella se pone de manifiesto que casi un millón y medio de personas están en situación de dependencia en España, de las cuales, un cuarto de millón están en lista de espera. Entre ellos, cien mil son grandes o severos dependientes. Se remite a la ley que establece la obligación de los poderes públicos para con estas personas.
Se pone de manifiesto que durante los últimos meses han fallecido unas ochenta personas al día “en el limbo de la dependencia”.
