La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado retirar el pasaporte a Juan Carlos I y prohibirle la salida de España, tal y como había solicitado la asociación catalana Òmnium Cultural. En una providencia, la Sala recuerda que el sistema procesal de España no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición se investigado, como es el caso de Juan Carlos l.
Todo a pesar que hay varias operaciones abiertas en otros países y multitud de testigos que implican al rey emérito en bastantes casos de corrupción fiscal, que perjudican a la hacienda española. Hay que recordar que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, había preguntado al Ministerio Fiscal si debe investigar la querella que interpuso la asociación independentista catalana Òmnium Cultural contra Juan Carlos I por ocultar en Suiza dinero opaco,
La desvergüenza viene cuando el alto tribunal dice que hasta el momento, el rey emérito solo está siendo investigado por un equipo de fiscales del Tribunal Supremo liderado por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos. Por eso Juan Carlos I no tiene la condición de imputado o investigado por un juez. Pero eso es una excusa de mal pagador, porque solo con la fiscalía habría bastante para actuar en consecuencia.
No se puede llamar “prevaricación” judicial porque ese delito consistente en que un Juez, una autoridad, o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Y en este caso simplemente ha ‘rechazado’ sin más la solicitud de Òmnium con la excusa de la Fiscalía mediante. Fiscalía que como sabemos con el Procés catalán, con mucho menos, ha solicitado encarcelar preventivamente. Otro golpe más de la justicia politizada española. Otra vez no hay separación de poderes, y manda el régimen del 78.
