Bruselas ha decidido por fin este verano poner en marcha la Fiscalía europea, un organismo sin precedentes en la historia de la Unión Europea, tras varios meses de retraso. El Consejo de la UE nombró a finales de julio a los 22 miembros que integran el colegio de fiscales, entre ellos, nada menos que la fiscal española Concepción Sabadell Carnicero, una de las encargadas de la investigación del caso Gürtel.
La Fiscalía europea tendrá en el punto de mira el fraude en la gestión de los fondos europeos, que ronda los 500 millones de euros al año, o el fraude transfronterizo en el cobro y liquidación del IVA, cuyas pérdidas se cifran en unos 100.000 millones de euros anuales. La vigilancia se centrará en la gestión de los fondos europeos, incluido el recién creado fondo de recuperación, y en la recaudación del IVA.
No hace falta indicar la dilatada experiencia que tiene España en este tipo de fraudes. Muchos de esos delitos, lamenta Bruselas, quedan ahora impunes, entre otras cosas, porque las autoridades nacionales no pueden acometer investigaciones más allá de sus fronteras y porque los organismos europeos, como la Oficina europea de lucha contra el fraude o Europol, carecen de competencias para llevar a
A principios de septiembre, si la pandemia lo permite, se celebrará la primera reunión del colegio bajo presidencia de la fiscal general europea, Laura Kövesi. Por primera vez, la UE dispondrá de un órgano fiscal centralizado para investigar, procesar y llevar a juicio a los presuntos autores de delitos que dañen los intereses financieros del club comunitario.
