Unos setenta exministros, expresidentes autonómicos y ex-altos cargos del PSOE, PP y UCD, además de una decena de embajadores, han firmado un manifiesto en que ponen en valor el reinado de Juan Carlos I. El texto, que se hace público el día siguiente de conocerse el destino del rey emérito, lamenta la «proliferación de condenas sin respeto por la presunción de inocencia» y piden que sean los tribunales los que decidan si sus acciones «pueden ser susceptibles de ser reprobadas». Los firmantes, entre los cuales destacan nombres como Celestino Corbacho, Josep Piqué, Alfonso Guerra, Rafael Catalá, José Ignacio Wert, Jaime Mayor Orea, Rodolfo Martín Villa, Ana Pastor y Esperanza Aguirre, alaban «tareas» del rey emérito por la «democracia y la nación».
Los exministros y ex-altos cargos califican la etapa de Juan Carlos I como la más «fructífera» de España desde principios del siglo XIX. A pesar de que reconocen que fue heredero de los poderes «autoritarios» de Franco, ponen en valor que renunció para propiciar la organización institucional en el Estado siguiendo el modelo de las «democracias occidentales».
Para los firmantes, bajo su mandato la institución monárquica ha desarrollado un «papel central e indispensable» en la articulación arbitral de los procesos políticos nacionales y una capacidad «moderadora y comportamiento neutral», calidades que consideran que Felipe VI ha heredado.
La Transición
En el manifiesto se ensalza «la bien llamada Transición», destacando la aprobación de la Constitución de 1978 tras unas elecciones libres, lo que «propició la reconciliación entre los españoles y un gran acuerdo nacional» para «una democracia occidental avanzada, donde todos cupieran, abierta al pluralismo representativo y a la alternancia política».
«A lo largo de sus años de reinado (…) Juan Carlos I ha sido invariablemente fiel a sus propósitos democratizadores y a las responsabilidades derivadas del marco institucional, como ocurrió en el 23 F», subrayan los ex altos cargos.
Por todo ello, los firmantes llaman a los partidos a que «defiendan por todos los medios democráticos a su alcance la integridad política y territorial de la Nación y el buen nombre de las personas e instituciones que han hecho posible estos últimos y satisfactorios cuarenta años de historia común»
