Tras la irrupción de la pandemia del coronavirus, la mass media del establishment habría iniciado una feroz cruzada mediática para desprestigiarlo sirviéndose de la dictadura invisible del miedo de la supresión de la propiedad privada ante medidas colectivistas presuntamente impulsadas por Pablo Iglesias (implementación de la renta mínima vital y nacionalización de empresas eléctricas y medios de comunicación). Esta campaña de la mass media del establishment haría énfasis en que Podemos estaría considerado por EEUU como de «filiación chavista» y que la adopción de estas medidas por el Gobierno podría reeditar «el caos económico de Grecia y Venezuela» con el objetivo confeso de provocar la salida de Podemos del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y la posterior formación de un Gobierno de Salvación PSOE-PP.
Podemos, la bestia negra del establishment
El establishment dominante del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial,
La primera fase de la operación de “acoso y derribo de Pablo Iglesias” consistió en la ofensiva mediática para hacer de Pablo Iglesias el “único culpable de la elevada mortandad en las residencias”, tuvo su continuación en el acoso permanente en la residencia de Pablo Iglesias y en la actualidad asistimos al inicio de la fase consistente en la “judicialización de la política o lawfare” sirviéndose del Tardofranquismo judicial. Dicho anacronismo tendría a la Audiencia nacional y el Tribunal Supremo como brazos ejecutores, a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal).
Susan W. Tiefenbrun en su tesis “Semiotic Definition of Lawfare” publicada en Case Wester Reserve University, indica que el término Lawfare ( en castellano Guerra Judicial). habría surgido de la mezcla de las palabras Law (Ley) y Warfare (Guerra) y sería una expresión cuyo uso se ha generalizado en los medios anglosajones en la primera década de este siglo. Con dicho término nos referimos al “abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad” y estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del principio de proporcionalidad, la “investigación prospectiva” ( prohibida en España) así como crear indefensión.
Como paradigma de tal ofensiva judicial, estaría la cabriola jurídica del juez García Castellón, que pertenecería al llamado “clan de los políticos afines al PP” con el objetivo inequívoco de declarar a Pablo Iglesias como “investigado en el llamado “Caso Dina” y forzar su dimisión como Vicepresidente del Gobierno y la posterior apertura del sumario por el juez Escalonilla contra la cúpula de Podemos tras una denuncia presentada por el ex-abogado de Podemos, Jose´Manuel Calvente por “presunta financiación irregular”, en el que se daría el supuesto de investigación prospectiva.
Así, el juez Escalonilla habría iniciado el sumario basándose tan sólo en sospechas al no haber encontrado indicios penales ni pruebas aportadas, aplicando en consecuencia la llamada “investigación prospectiva” (prohibida en España). En la jurisprudencia española podemos citar el Auto de la Sal Penal del Tribunal Supremo de 1 de Julio de 2014 en el caso conocido como “chalet de Estepona del Presidente de la Comunidad de Madrid” en el que manifiesta rotundamente que “no puede pretenderse el inicio por este Tribunal de una investigación meramente Prospectiva para tratar de averiguar si una persona o ente jurídico ha cometido en algún momento algún delito en relación a los hechos que se le imputan en ausencia de cualquier dato o elemento objetivo que apoye esta posibilidad”.http://
Aunque serán procesos judiciales de escaso recorrido jurídico, el verdadero objetivo de tales procesos sería dinamitar el Gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos para implementar un Gobierno de Salvación PSOE-PP que contará con las bendiciones del establishment e implementará los drásticos recortes sociales en educación, sanidad, pensiones y sueldos de funcionarios exigidos por la Troika europea para evitar el rescate de la economía española así como reformar la Constitución para implementar un Estado monárquico, bonapartista y eurocéntrico, siguiendo la máxima del gatopardismo (“Cambiar todo para que nada cambie”) .
