Los hechos podrían ser extraídos de una película de serie B de un sábado por la tarde desde cualquier televisión de la caverna mediática española, pero no. Se trata de un escándalo mayúsculo en el seno de La Legión. El juez militar número 23 de Almería ha instruido en un cartera de 150 páginas que hasta 8 miembros de la Legión Española están implicados en una oscura conspiración para ocultar el asesinato de un sargento a un compañero.
Los hechos ocurrieron el 25 de marzo del 2019 en el campo de maniobras de Agost (Alicante) cuando un sargento, después de unas prácticas con armas de fuego real, ordenó un nuevo enemigo para seguir disparando y tocó de lleno a un soldado, concretamente bajo la axila.
Resulta que ninguno de los allí presentes llevaba el chaleco antibalas correspondiente. Mientras la víctima, Alejandro Jiménez, un joven mallorquín de 21 años era trasladado herido al hospital, donde acabaría muriendo, hasta 8 miembros de la Legión se quedaron en la escena del crimen para limpiarla, recuperar los casquillos de bala y cuadrar una coartada: la bala había herido el soldado a través de un rebote.
Un juez militar de Almería se desplazó ayer al campo de maniobras y tiro de Agost junto a una amplia comitiva de abogados, guardias civiles y legionarios para reconstruir el incidente que el pasado 25 de marzo causó la muerte de un disparo al joven legionario Alejandro Jiménez., que pertenecía al Tercio de Don Juan de Austria con sede en la localidad almeriense de Viator.
Aunque la versión oficial, defendida incluso por la ministra de Defensa, Margarita Robles, reflejó que Alejandro murió de un tiro de rebote que le entró por la axila durante una maniobras con fuego real de la Legión, la investigación realizada por la Guardia Civil ha descartado este extremo y concluye que falleció de un impacto directo realizado por un compañero sargento.
El juez narra que se intentó ocultar el asesinato, se conspiró para obstruir la justicia y que, incluso, se llegó a ensayar las declaraciones en el juicio. Incluso, el cuerpo iba a ser incinerado muy rápidamente para evitar que aportara pistas al caso, y el juez ordenó una segunda autopsia que aclaró que la herida de bala no fue un rebote.
Según explica El País, el juez procesa al sargento por homicidio imprudente, pero también por abuso de autoridad y obstrucción a la justicia, y le pide 330.000 euros de responsabilidad civil, además de mantener las medidas cautelares (retirada del pasaporte y comparecencia quincenal ).
Al capitán, a quien atribuye la autoría del plan para ocultar que el sargento fue el autor del disparo, lo procesa por deslealtad, encubrimiento y desobediencia a agentes de la autoridad (los guardias civiles).
A los dos tenientes por deslealtad (elevaron un informe falso a sus superiores), desobediencia, contra los deberes del mando y encubrimiento, delito que también se atribuye a la cabeza y los tres soldados, entre otros. Todos ellos han sido citados a declarar el 7 de septiembre.
