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El Consejo de Ministros pondrá en marcha la tramitación del proyecto de ley de reforma de la Ley de Memoria Histórica la semana que viene. Así inicia el curso legislativo .
Se ha anunciado por el Gobierno que se incorporarán nuevas medidas que tendrán como objetivo reconocer a las víctimas, y para ello está prevista la prohibición de fundaciones que puedan estar financiadas con dinero público que enaltezcan regímenes totalitarios o figuras dictatoriales. O sea, blanco y en botella: se acabó la fundación Francisco Franco.
Una reforma que viene a completar la ley puesta en marcha durante el gobierno de Zapatero en 2007, y que abordará un nuevo marco jurídico para el Valle de los Caídos, haciendo efectiva la salida de los benedictinos del lugar.
Otra de las novedades que se incorporan tendrá que ver con la autoridad competente para la apertura de las fosas abiertas durante el franquismo: será el Estado y se creará un banco de restos, se identificarán mediante pruebas de ADN y se elaborará un censo de víctimas. Las exhumaciones se llevarán a cabo con recursos públicos.
Está también previsto hacer un listado de los títulos nobiliarios concedidos durante el franquismo, que pasarán a ser analizados pormenorizadamente y se contempla su retirada en casos en los que se vinculen con enaltecimiento de la dictadura.
El 31 de octubre se establecerá como día del recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y de la dictadura.