La represión española, sea policial o en este caso judicial, no tiene descanso contra el Procés. Desde principios de septiembre ya se han celebrado algunas vistas que afectan a la macrocausa emprendida contra el independentismo a raíz del referéndum del 1 de octubre de 2017. El diario Público informa sobre la oleada de juicios acabados de realizarse y pendientes en la macrocausa contra el independentismo.
El pasado día 3 comparecieron ante el juzgado número 4 de Figueres parte de los 197 investigados bajo la acusación de desórdenes públicos que participaron en el corte de la AP-7 que Tsunami Democràtic convocó en la Jonquera los días 11 y 12 de noviembre de 2019 en protesta por la sentencia del Supremo contra los líderes del procés.
Uno hechos que también se investigan en el juzgado de Girona -donde hay cuarenta personas encausadas– y el de Perpinyà (Catalunya Nord), en el cual ya han declarado once más. Los investigados se enfrentan a peticiones que pueden alcanzar los seis años de cárcel.
El próximo día 17 el Tribunal Supremo estudiará el recurso que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, interpuso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de condenar a un año y seis meses de inhabilitación y a 30.000 euros de multa por no retirar la pancarta con lazos amarillos que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Una sentencia que, en caso de confirmarse, precipitaría el avance de los próximos comicios catalanes.
La causa penal contra Torra incluye una segunda etapa el miércoles día 23, cuando está citado a declarar en la Sala Civil y Penal del TSJC por la denuncia que la entidad españolista Impulso Ciudadano le interpuso después de no sacar a tiempo, en noviembre de 2019, una pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat que pedía la libertad de los dirigentes independentistas condenados por el Supremo.
Juicio a la Mesa del Parlament
Estas causas coinciden con otras que se resolverán antes de fin de año, entre ellas la relativa a la Mesa del Parlament que tramitó las resoluciones del procés durante la pasada legislatura. Tras declarar en julio ante el TSJC, los acusados –Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Joan Josep Nuet y la exdiputada de la CUP Mireia Boya– podrían ser condenados a 20 meses de inhabilitación.
El major Trapero y la cúpula de Interior
