España es el único país de Europa de los autollamados ‘democráticos’ y unos de los pocos del mundo que aún no ha restituido el honor y la justicia a los represaliados y ajusticiados por una dictadura del propio país. El Gobierno anunció esta semana que la nueva Ley de Memoria Histórica permitirá anular las condenas y sentencias emitidas por el franquismo.
Se trata de una de novedades más importantes del anteproyecto de ley que, de no haber cambios, el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 15 de septiembre. En total podrían quedar anuladas cerca de 100.000 condenas y sentencias correspondientes a este periodo histórico que amenazan con colapsar los tribunales españoles.
Aunque todavía se desconocen los detalles de la nueva norma, el texto legal conferirá «carácter radicalmente nulo» a todas las condenas y sanciones producidas «por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa» durante la Guerra Civil y la dictadura.
Sin embargo no se trata de «un proceso automático», sino que primero hay que concretar cuáles son los motivos de la sentencia que se quiere dejar sin efecto, las fechas y las personas y posteriormente debe dejarla sin efecto un un tribunal. Esto conllevará un alargamiento y un proceso en la lenta justicia española que colapsará los mismos.
