El pasado martes 8 de septiembre, la policía colombiana mató en Bogotá con descargas de una pistola Taser a Javier Ordóñez, abogado de 46 años, generándose al día siguiente una ola de fuertes protestas en la capital colombiana, que luego se extendieron a otras ciudades como Cali, Medellín, Popayán, Pereira y Manizales.
Por las redes sociales circularon los vídeos cuando los policías sometían a Ordóñez colocándole las rodillas sobre el cuello, y por lo menos durante dos minutos le daban choques eléctricos con la pistola. En los vídeos se puede oír cuando el abogado le decía a los policías: “Ya, por favor, ya, no más. Por favor, no”, y a las personas que filmaban exigiéndole a los policías que lo dejaran tranquilo que estaba pidiendo “por favor” que no continuaran con las descargas eléctricas.
Se repetían así, con mucho parecido, las imágenes del asesinato en Estados Unidos de George Floyd a manos de la policía. Un nuevo caso de la brutalidad policial que se repite una y otra vez en el marco capitalista.
Al día siguiente del asesinato la indignación causada por estas imágenes estalló en todo el país. Miles de manifestantes arremetieron contra patrullas de la policía y los llamados Comandos de Acción Inmediata (CAI), módulos de la policía ubicados en distintos lugares de la ciudad. Hasta ahora ya han sido asesinadas unas 13 personas por las fuerzas de seguridad del Estado, y habrían más de 200 heridos, como consecuencia de la represión del gobierno de Iván Duque.
Este asesinato fue precedido de 55 masacres de jóvenes en distintas partes del país en los que han muerto 228 personas, todo con la complicidad del uribismo y el gobierno de Duque, que trató de minimizar estos hechos, diciendo que no eran masacres si no homicidios colectivos.
En Colombia es habitual la violencia policial y militar, situación que se ha agravado en el marco de la cuarentena establecida para evitar los contagios del Covid-19.
El pasado año en el marco del paro nacional de noviembre, fue asesinado el joven Dilan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), unidad de élite de la policía que reprimió brutalmente las protestas durante dicho paro, lo que llevó a que muchas organizaciones sociales y de derechos humanos solicitaran la eliminación del Esmad. En mayo también fue asesinado por la policía Anderson Arboleda, joven afrodescendiente.
Detrás de las protestas que se desataron contra la violencia policial y en repudio al asesinato de Ordóñez, está el fantasma de la desigualdad y la pobreza que crecen en Colombia, agravadas por los efectos del coronavirus en la economía. No es casual que los manifestantes hayan arremetido contra las sedes bancarias, a las que muchos colombianos hacen responsable de la situación social del país, junto al gobierno uribista de Iván Duque, cada vez más desprestigiado y sumido en una profunda crisis política.
La movilización popular fue de tal magnitud que el gobierno se vió obligado a pedir perdón a los familiares de Ordóñez. Sin embargo, tratan de minimizar el hecho diciendo que se trata de hechos aislados, de “manzanas podridas” que habría en la policía cuando en realidad se trata de un aparato represivo que mediante la violencia intenta frenar el gran descontento popular que se viene acumulando en Colombia, y que se puso de manifiesto en el 2019 con el masivo paro nacional de noviembre. A este aparato represivo se suman los cuerpos paramilitares, amparados por el Estado, responsables de las masacres que se han recrudecido en los últimos meses.
