El pasado 23 un grupo de 12 jóvenes (once hombres y una mujer) salieron al mar con el objetivo de atravesar las aguas territoriales chinas que rodean Hong Kong. Habían estado meses, desde el pasado mes de noviembre, preparando esta acción: se hicieron con una lancha, aprendieron a conducirla y prepararon cada detalle.
El mismo día en que decidieron salir al mar, los guardacostas chinos los detuvieron en la península de Sai Kung, a 50 millas de donde habían salido. Se dirigían a Taiwan para pedir asilo político. Desde entonces, sus familias no saben nada de ellos y solicitan poder tener contacto, enviarles medicamentos y promover su regreso a casa, según ha informado el diario francés Liberation. Están al este de Shenzhen, en el distrito de Yantian, en la frontera con Hong Kong.
En ese momento, el viceministro del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwan, Chiu Chui-Cheng, afirmó en una rueda de prensa que Taiwan apoyaba la lucha de Hong Kong por la democracia y la libertad, pero que no alentaba el uso de canales ilegales para desplazarse a su país. Al día siguiente, China Times informaba de que un barco que transportaba a cinco manifestantes de Hong Kong había sido asistido por las autoridades taiwanesas tras quedarse sin combustible cerca de las islas Pratas y Dongsha. Los cinco fueron trasladados a una ciudad al sur de Taiwan, Kaoshsiung, y no fueron detenidos.
La legislación que se les aplica a los doce jóvenes es la nueva Ley de seguridad nacional: en base a ella, estos doce jóvenes son considerados separatistas, acusándoles de intentar entrar de forma ilegal en China. Así lo ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying.
Los jóvenes tienen edades entre 17 y 33 años. Todos son activistas, defensores «prodemocracia» y forman parte de los grupos autodenominados «de primera línea», lo que significa que en las manifestaciones suelen ser ellos quienes se enfrentan cuerpo a cuerpo con la policía.
Fueron detenidos en 2019, durante las manifestaciones y uno de ellos, Andy Li, está también pendiente de otro proceso judicial que se abrió el pasado 10 de agosto.
Uno de los activistas, Tsz Lun kok, tiene nacionalidad china y portuguesa. El gobierno de Portugal señala que sólo pueden intervenir de manera muy limitada, desde una perspectiva «humanitaria», para intentar que al detenido le traten con dignidad y garantizar que tenga acceso a la defensa de un abogado. Pero por el momento, las autoridades chinas no han realizado ninguna acusación oficial.
Sin embargo, desde la policía china se ha señalado a que estos jóvenes habrían estado involucrados en varios casos delictivos, como intento de incendio, posesión de armas, connivencia con país extranjero, disturbios y posesión de explosivos. Las órdenes judiciales previas prohibían a 11 de ellos salir de su país, y tres de ellos se encontraban en búsqueda y captura.
La ley preve que los detenidos puedan estar en paradero desconocido por motivos de seguridad nacional, sin abogado y sin contacto con nadie de su entorno.
Más de 9.000 personas han sido detenidas desde el pasado mes de junio, cuando comenzaron las manifestaciones prodemocracia. La mayoría son jóvenes y estudiantes. La nueva ley de seguridad nacional prevé penas que incluyen la cadena perpetua por delitos que no se han definido de manera específica, como el de «sedición, subversión del poder estatal, colusión extranjera y terrorismo».
Muchas de las personas perseguidas, que todavía mantenían su pasaporte se han marchado a Taiwán, Reino Unido, Canadá donde buscan opciones que les permitan vivir protegidos.
