El funcionamiento para la elección de los jueces que llegan al Tribunal Supremo en España parece estar sacado de un libro de Mario Puzo sobre la Mafia. Los jueces llegan a su primera plaza por oposición, pero para ascender al Tribunal Supremo no basta con estudiar. La decisión es política. La toma el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que teóricamente se renueva cada cinco años a partir de las mayorías parlamentarias y que decide buena parte de los nombramientos claves en la Justicia.
Todos los vocales del CGPJ los eligen los partidos. Y todos los nombramientos del Supremo y otros ascensos los decide el CGPJ. Entre esos nombramientos, hay unos que destacan sobre los demás. Son los que más preocupan a los políticos corruptos: los de los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la todopoderosa Sala de lo Penal.
Son jueces en la práctica vitalicios, como todos los del Supremo. Una vez nombrados, son irrevocables. Salvo que decidan irse, mantienen el puesto hasta la edad máxima de jubilación: hasta que cumplan 72 años. Los jueces de la Sala de lo Penal son quienes juzgan a los aforados en todos aquellos casos que les pueden llevar a prisión.
Son los únicos que pueden abrir una investigación penal contra un diputado, un ministro o un senador. También tienen la última palabra sobre las sentencias penales más relevantes. Son los que tendrán la última palabra sobre la Gürtel, sobre los ERE; sobre el rey Juan Carlos, sobre la Púnica, sobre la Kitchen… es decir, sobre todos los grandes casos de corrupción.
Son también los jueces que decidirán si imputan al Gobierno de coalición por su gestión de la pandemia, como ha pedido Vox. y sobre todo, la Sala Segunda es la que está presidida por Manuel Marchena, que junto a otros magistrados juzgaron a los presos políticos del Procés. Tribunal que durante los últimos 25 años, se rige por los designios del Partido Popular (Ver Gráfico):
