La infame cárcel o que están padeciendo los presos políticos y sociales del Procés puede cambiar de rumbo. El proceso de petición de indulto para los presos independentistas condenados por sedición comenzará a caminar a partir del próximo lunes.
Lo ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno en respuesta a la diputada Laura Borràs: «En cuanto a este Ministerio, también se están tramitando los indultos. Por cierto, estos que a usted le preocupan, porque le tocan de cerca, comenzarán a tramitarse la próxima semana.»
Borràs le había recordado que hay 2.850 personas procesadas por el aparato judicial español relacionadas con el proceso independentista catalán. La diputada de JxCat ha negado que sea «una justicia independiente»: «La justicia española es más española que justicia. Gestionen el conflicto desde la política.»
Según indica Fuentes del Ministerio que han dicho a TV3, la tramitación de los indultos puede alargarse entre cuatro y seis meses y que supone escuchar todas las partes antes de pronunciarse. Hay tres peticiones presentadas que piden el indulto de los líderes independentistas condenados por sedición en el Tribunal Supremo.
La primera que se supo, tramitada en diciembre, es del jurista Francisco Jufresa, que solicita el indulto total o parcial de todos los condenados. En pide el indulto al considerar que la sentencia es desproporcionada. En julio, el sindicato UGT también solicitó el indulto para el ex consejera Dolors Bassa, y hace apenas un mes, los ex presidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert lo hicieron para Carme Forcadell.
La decisión sobre el indulto corresponde a la administración del Estado. La otorga el Rey a propuesta del ministro de Justicia, después de pasar por un Consejo de Ministros. Se puede beneficiar cualquier preso condenado, y lo puede pedir cualquier ciudadano rellenando un cuestionario y haciendo un trámite.
En caso de ser otorgado, el indulto no se puede rechazar, y no es obligatorio, pero sí habitual, que se acompañe de un arrepentimiento por parte del indultado. Si el trámite prospera, el indulto debe resolverse en un máximo de un año. Y, en última instancia, el Supremo lo podría tumbar si considera que el proceso no se ha ajustado a una ley redactada a finales del siglo XIX, en 1870.
Cabe recordar que hace casi un año el ministro y secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos descartó el indulto a los presos políticos independentistas, argumentando que «la sentencia se ajustada a los hechos». Así están las cosas.
