El texto dice así: «Exposición de motivos: el domingo 16 de agosto tuvo lugar una multitudinaria manifestación en Minsk y en todo Bielorrusia para exigir el fin de la violencia policial, la liberación de las personas detenidas ilegalmente y la celebración de nuevas elecciones tras los comicios presenciales del 9 de agosto.
Cabe señalar, así como durante la reciente campaña electoral, se han recibido denuncias que indican que el Comité para la Seguridad del Estado impidió la celebración de mítines en Minsk durante la última semana, que detuvo a dos de los principales opositores y que un tercero tuvo que exiliarse. Estas denuncias, junto la declinación de las autoridades bielorrusas a la observación electoral de la OSCE y la restricción de observadores nacionales, permiten sospechar que el proceso electoral no transcurrió con las legítimas garantías democráticas acorde a los estándares internacionales.
Tras la celebración de los comicios en los que se denunció un posible fraude electoral, se sucedieron protestas ciudadanas de carácter pacífico contra el Gobierno de Lukashenko que, según se ha denunciado, continúan siendo reprimidas mediante el uso desproporciónada de la fuerza y detenciones arbitrarias de miles de personas.
Según testimonios recogidos por Amnistía Internacional sobre los últimos sucesos en el país, los manifestantes afirman haber sufrido tortura y tras malos tratos en centros de detención emprendidos por las autoridades bielorrusas con el fin de socavar las protestas pacíficas por cualquier medio.
Por todo ello, en boca del Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, las protestas en el país no responden a una cuestión geopolítica sino a una «crisis nacional y democrática» y desde la UE, «apoyamos al pueblo de Bielorrusia para que decida su destino». En este sentido, los 27 Ministros de Relaciones Exteriores de la UE trabajan actualmente en nuevas sanciones para que ninguno de los responsables pueda quedar impune.
Ante esta tesitura, parece evidente que el pueblo de Bielorrusia precisa de una salida dialogada, pacífica y democrática al conflicto que vive, apoyada por medios independientes y una sociedad civil fuerte que garantice una solución sostenible.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente proposición no de ley:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Exigir de forma coordinada con la UE a las autoridades bielorrusas que garanticen el derecho de manifestación pacífica, el cese de los abusos policiales, la liberación de todas las personas detenidas ilegalmente, el enjuiciamiento de los responsables de los abusos policiales y la reparación de las víctimas
- Promover un diálogo lo más amplio posible entre los principales actores políticos y sociales del país, que posibilite la realización de una investigación exhaustiva, transparente e independiente de todos los presuntos abusos que se hayan podido cometer, a fin de depurar responsabilidades individualizadas que recaigan sobre aquellas personas que hayan cometido actos de fraude electoral o un uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones.
- impulsar una hoja de ruta dirigida a alcanzar la desescalada del conflicto, que culmine en un acuerdo para la celebración de unas nuevas elecciones libres, transparentes y con presencia de observadores internacionales e independientes que verifiquen la limpieza del proceso y aseguren que sea el pueblo bielorruso quien decida libremente su futuro, sin injerencias externas basadas en intereses geopolíticos selectivos»
Desde EHBildu han señalado que no se opondrán a la iniciativa, sin embargo, el diputado Jon Iñarritu ha puesto de manifiesto algunas cuestiones relevantes: «en relación a esta proposición, la exposición de motivos la comparto. Es Bielorrusia hay un problema de autoritarismo con el señor Lukashenko y con su gobierno (ahora leía que la UE no reconoce su investidura). No nos opondremos a esta proposición.
Con lo que tiene que ver con abusos policiales, reparación a las víctimas y el uso desproporcionado de la fuerza, decía el Señor portavoz que ha presentado esta iniciativa que «España es un Estado ejemplar». Y claro, yo creo que en uso desproporcionado de la fuerza, en abusos policiales sí es ejemplar. Porque lo que vimos en Minsk, lo vimos hace tres años en las calles de Barcelona. Porque España tiene el récord de haber reprimido violentamente un plebiscito, algo que no se había dado en la Historia. Ya fuera legal, ilegal, alegal, como quieran, el primer plebiscito que ha sido reprimido violentamente en el mundo, no solamente en el mundo occidental, sino en el mundo, ha sido el caso del 1 de octubre en Cataluña.
Cuando se piden investigaciones exhaustivas, transparentes e independientes esto es exactamente lo que reclamó Naciones Unidas y el Consejo de Europa al Estado español. Algo que no se ha hecho en relación al 1 de octubre.
¿Se sancionó y depuró a los responsables? No. Se les condecoró.
¿Está el Gobierno del Estado español dispuesto a hacer una lectura crítica de esa vergüenza que ocurrió el 1 de octubre? Yo creo que, «Consejos vendo pero para mí no tengo», se puede aplicar en este caso. España fue ejemplar en un modelo que ha copiado el Señor Lukashenko. Por eso, para dar ejemplo, habría que comenzar en casa y empezar a investigar aquella represión brutal del 1 de octubre».
Una respuesta contundente que no ha tenido contrarrespuesta por parte de los socialistas que, en su momento, solicitaron la reprobación de Soraya Sáenz de Santamaría ante la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1 de octubre, pero que fue retirada inmediatamente después de proponerla.
Aquí puede ver la respuesta del diputado Iñarritu
¿Abusos policiales en Bielorrusia?
¿Qué España es ejemplar en esta materia?@JonInarritu pic.twitter.com/PsREh9DcoG
— Mr Flog (@Mr_floG) September 24, 2020
