ANÁLISIS .- Beatriz Talegón .- Es más, es imposible ver a nadie que se exponga de esta manera a razonar jurídicamente lo que sucede que haya ocupado lugares como él ha hecho. Su opinión, más que ser tenida en cuenta, es necesario estudiarla, tomando apuntes si hace falta.
Se rescata ahora en las redes la intervención de Martín Pallín allá cuando comenzó este galimatías. Lo deja claro: ni la Junta Electoral dicta sentencias ni la Junta Electoral es un superior jerárquico del president de la Generalitat. No hay más. Y es que son los dos requisitos que establece la ley para poder hablar de delito de desobediencia cometido por una autoridad pública.
Todo lo demás, es pura fantasía, tergiversación y retorcimiento de la ley.
Lo explican ahora distintos juristas, como Perez Royo. Y lo hacen para que se entienda por aquellos que no son juristas. Lo cierto es que echando un vistazo de manera reposada, no es necesario esforzarse mucho para entender que todo esto está mal, muy mal hecho. Que es evidente que a Torra se lo querían quitar del medio y que han utilizado lo que había a mano para que parezca que se hace todo con la ley en la mano. Y con la ley en la mano esto no se puede hacer.
Seguro que nos lo dicen en los tribunales europeos. Pero para llegar hasta allí habrá pasado tiempo, Torra habrá dejado de ser presidente y se activará la maquinaria política -que nunca ha dejado de funcionar-. Cuando la justicia europea nos diga que esto que está pasando ahora no debería haber pasado, ya será tarde. A Torra probablemente le sea imposible recuperar su mandato, y habrán pasado tantas cosas hasta entonces, que esto parecerá algo pequeñito, lejano y sin importancia. Y créanme que la tiene, porque quitar a un Presidente de un gobierno es una cosa muy delicada.
A Otegi no le sacaron de la presidencia porque hasta ahora no ha llegado a ser Lehendakari. Pero le ocurrió algo similar: le impusieron una inhabilitación que ha sido tumbada después desde la justicia europea, y que el Supremo ha tenido que hacer efectiva años después. Curiosamente la inhabilitación para presentarse a unas elecciones ha sido anulada después de que las elecciones se hayan celebrado, fíjense qué cosas.
Da la sensación de que a Torra había que apartarle porque estando como estaban las cosas igual le daba por tirar adelante con aquello de la independencia… vaya usted a saber. Al menos eso es lo que se decía en su entorno político más cercano. Y evidentemente, quitar a Torra de la presidencia no es algo meramente personal o nominal (lo de no quitar la pancarta no fue un capricho suyo, fue una decisión de índole política tomada por los dirigentes políticos que él representaba como máximo responsable). Quitar a Torra implica ahora que su relevo inmediato sea el vicepresidente, Pere Aragonés. Una persona que forma parte de otra formación política diferente a la de Torra. Un detalle que no es menor, porque es notoria la diferencia entre ERC y JxCAT.
Darle ahora la presidencia a ERC implica giros evidentes además de cuestiones de índole de legitimidad que podrían chirriar. Basta con hacer un análisis temporal de los hechos que se han producido desde las elecciones convocadas por Rajoy aquel 21 de diciembre: ERC no quiso ir conjuntamente con JXCAT. Puigdemont ganó la contienda, pero estaba ya fuera de Cataluña. Se intentó poner en marcha la votación telemática para su investidura. «No fue posible» porque el TC apareció antes para imposibilitarlo. El siguiente debía ser Jordi Sánchez: no le dejaron salir de prisión preventiva para ser investido. Después, Jordi Turull, que estando libre, no contó con el apoyo de la CUP, que al votar en contra en primera vuelta hizo imposible investirle antes de que el Supremo decretase su prisión preventiva entre la primera y la segunda vuelta. Llegó Torra, fue investido y finalmente inhabilitado por no retirar una pancarta en la que pedía la libertad de todos los citados anteriormente.
Ya sé que contado así es un resumen somero donde muchos echarán en falta detalles importantes. Seguro que me he dejado mucho por el camino y desconozco datos importantes. Pero realmente con esta distancia ya es posible considerar todo esto un despropósito que juega y maneja la «legalidad» como si fuera arcilla.
Que un presidente regional pueda ser inhabilitado por no acatar una orden de carácter administrativo es sencillamente inventarse la ley. No lo digo yo, lo dicen expertos que llevan toda su vida analizando, estudiando, explicando y aplicando leyes.
Y que tengamos que ver esto mientras ocurre la brutalidad que está teniendo lugar en Madrid, es triste, desproporcionado y muy poco alentador para poder hablar con alegría de Democracia y de Estado de Derecho en España.
