Hace tres años de la democrática jornada del referéndum del 1-O. Esta marcó y, aún continúa determinando la política catalana y española, a pesar de la pandemia actual. La brutal actuación policial de ese día para impedir la consulta ha dejado unas secuelas emocionales y políticas en buena parte del país.
De hecho, la judicialización posterior a los hechos del 1 de octubre y sus derivadas todavía llenan millones de hojas de sumarios en los juzgados. Miles de ciudadanos tienen causas judiciales abiertas. En cambio, pocos policías están respondiendo judicialmente por su actuación.
Hasta ahora no se ha imputado ningún responsable de ordenar las cargas. Ante la dificultad de demostrar la responsabilidad de Diego Pérez de los Cobos, jefe del operativo, y del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, las defensas de los heridos por la actuación policial se fijan en el jefe de los antidisturbios de la Policía Nacional, el comisario José Miguel Ruiz Iguzquiza.
Policías imputados
Durante el 1 de octubre del 2017 se vieron muchas salvajes actuaciones policiales para impedir las votaciones. Quizás una de las imágenes más controvertidas y polémicas de la violencia policial que hubo fue el puntapié voladora de un agente de la Policía Nacional a un ciudadano en el instituto Pau Claris de Barcelona, uno de los centros donde el actuación fue más dura.
Pues bien, finalmente se ha podido identificar el agente responsable. Se ha conseguido tres años después gracias a un informe pericial donde se analizan varias imágenes que encargó la acusación de denunciantes de iridio y que los mozos han ratificado.
Ahora, el juez deberá citar este agente para declarar como imputado. Con este, sólo en Barcelona ya son 58 los policías nacionales investigados por actuaciones desproporcionadas durante el 1-O. Si bien ya son más de un centenar de policías los que siguen imputados.
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