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Ha habido bronca en sede parlamentaria. La han protagonizado los portavoces del PSOE y del PP. Y es que, hablar de la corrupción de los partidos en el Congreso levanta ampollas.
Las «bombas» vuelan de un lado al otro del hemiciclo: desde el PSOE, Sicilia acusa al PP de haber «llevado la podredumbre del despacho de Bárcenas al Ministerio de Interior». Desde el PP contraatacan y devuelven la pelota recordando «las rayas de cocaína y los prostíbulos» de Andalucía.
Un panorama vergonzoso desde el punto de vista de la ciudadanía, que observa las barbaridades que, supuestamente, se han venido cometiendo desde los despachos cuando se suponía que debían estar gestionando el patrimonio público y el interés común.
A pesar de que la Justicia hará su trabajo, investigando, procesando y en su caso, condenando a los que hayan cometido cualquier tipo de ilegalidad (se supone), las comisiones parlamentarias dan cabida al debate público, que muchas veces se convertirá en escarnio y revancha partidista. Algo delicado a tenor de las atrocidades que supuestamente se han cometido desde las principales formaciones políticas que han venido turnándose en el poder durante los últimos cuarenta años.
Así, en este clima de tensión sin límites, se ha aprobado en el Congreso la creación de una Comisión parlamentaria que investigue «la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular». La petición para crear esta Comisión parlamentaria la presentaron conjuntamente los grupos que conforman la coalición de Gobierno: PSOE y Unidas Podemos.
Una mayoría absoluta ha respaldado la propuesta: han sido 196 votos a favor, 88 en contra y 54 abstenciones. Una aritmética interesante porque deja ver las luces y las sombras de las distintas formaciones políticas que tienen escaños en el Parlamento. Vox, por ejemplo, se ha abstenido, algo sorprendente a juzgar por su discurso contra la corrupción.
No es la primera vez que se crea una Comisión de Investigación para dilucidar lo sucedido en las conocidas «cloacas». Pero Felipe Sicilia (PSOE) considera que en aquella comisión «se quedaron cortos en las conclusiones», pues hoy dice que se sabe que, «además de atacar a rivales políticos, se creó una estructura para ocultar las pruebas que le pudieran afectar al PP».
Echenique, portavoz de Unidas Podemos, se sumó a la contienda señalando la gravedad de los hechos, que apuntalan las cloacas y debilitan la democracia.
Ante las gruesas palabras -no sin razón- de los portavoces de las formaciones que componen el Gobierno, la portavoz del Partido Popular decidió defenderse atacando. Y fue entonces cuando espetó: «¿Pero qué broma es esta? Han venido el diputado de los ERE y el defraudador de la Seguridad Social a defender esta comisión de investigación al PP. Esto es como si ponen al zorro a cuidar a las gallinas». Y explicaba que desde la bancada Popular entienden que esta iniciativa de investigar su gestión en tiempos del Gobierno de Rajoy tiene como objetivo tapar la gestión del actual Gobierno sobre la pandemia de COVID-19. Están seguros de que el Gobierno y los grupos que han apoyado la propuesta tienen ya redactadas las conclusiones antes de que se celebren las reuniones.
Además del ataque al adversario, de señalar que esto se hace para tapar sus propias vergüenzas, la guinda la ha puesto al argumentar que las personas fundamentalmente puestas en cuestión en esa Comisión, Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal o Mariano Rajoy ya no están en política. Como si esto sirivera para pasar página y olvidarse de lo que presuntamente han hecho, que a juzgar por los supuestos audios del ex comisario Villarejo, tiene pinta de ser muy fuerte.
Las formaciones que han apoyado la propuesta no estuvieron cómodas viendo la bronca que se formó. Y es que, como decía al principio de esta pieza, es una vergüenza ver «volar la mierda» de esta manera. No es una cuestión ya de siglas, es una cuestión de ética, de decencia, de respeto por las instituciones y por la ciudadanía a la que dicen representar.
Da vértigo enterarse de lo que cuenta Villarejo. Las supuestas conversaciones mantenidas con Cospedal son más propias de una película que otra cosa. Dan verdadero pavor, porque de ser cierto lo que el ex Comisario dice, además de la falta más absoluta de principios morales de estos personajes, yo me pregunto cómo les quedaba tiempo para gestionar lo que se supone que debían gestionar, esto es: presidencias de comunidades autónomas, partido político, responsabilidades como diputados o senadores. Da la sensación de que todo eso era pura fachada y que se aprovechaban de su posición para «hacer el mal», dicho suavemente.
Es escalofriante llegar a conocer en manos de quién estamos. La gestión de la pandemia, como apunta la portavoz del PP también genera estupor. Sobre todo la de los propios dirigentes del PP. Y no, créame que no es cuestión de siglas. Es cuestión de la manera de entender lo público: esa manera de pensar que lo que es de todos no es de nadie y al final termina en el bolsillo de unos pocos. Es la manera de entender que la justicia no es igual para todos, porque después, al final, termina sucediendo a veces que los «malos» se salvan por cualquier vía inesperada que nos deja estupefactos.
Podríamos pensar que el estallido de todo esto es buena señal porque, al menos, lo conocemos. El problema es no tener alternativa, no tener un sistema bien estructurado que pueda resistir los embistes de semejantes monstruos. Desde la Jefatura de Estado, pasando por el Poder Judicial, mirando ahora la sede Parlamentaria y dando un vistazo a los centros penitenciarios donde se encuentran dirigentes políticos por distintos motivos, es vergonzoso el panorama de este país.
