El que fuera responsable de la unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO), Enrique García Castaño, en sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que la instrucciones políticas contra Bárcenas provenían de la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior, dirigida por Francisco Martínez.
Unas afirmaciones que se conocen una vez que ha sido levantado el secreto de sumario sobre el caso Kitchen, y que hacen referencia a la comparecencia ante el juez el pasado 24 de enero de 2020. Previamente, en su declaración judicial en octubre de 2019, ya había anunciado que contaría todo lo que fuera necesario.
En aquel momento, explicó ante el juez que «todo lo que quiera saber del tema de Bárcenas… eso estaba en la DAO (Dirección Adjunta Operativa), en la Secretaría de Estado. Ahí recibían instrucciones políticas, ahí se les daban instrucciones».
Explicó, también, que a finales del año 2013 él mismo habría llevado a la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior las grabaciones que habían hecho del contenido de los móviles de Bárcenas, que supuestamente su chófer habría facilitado. Lo hizo, según explica, después de haber volcado los datos de los móviles a un ordenador a plena vista, en un Vips del centro de Madrid.
Cuando llevó el «pen drive» a la Secretaría de Estado le acompañaban, según cuenta, tres funcionarios: el inspector jefe y dos agentes de la unidad especializada.
A los 15 días, García Castaño -según él cuenta al juez- recibió una llamada del Secretario de Estado porque no sabía cómo funcionaba el sistema para acceder al material de Bárcenas.
Policías pagados con fondos reservados
Fueron por lo menos cinco los policías que recibieron durante el operativo contra Bárcenas dinero de los fondos reservados. Una información que confirmó Felipe Lacasa, comisario, que compareció como testigo y que entre 2013 y 2015 fue el secretario general de la DAO. Lacassa explicó al juez en su declaración que él llevaba el control de las cantidades que habían sido entregadas y que en algunos casos, eran cantidades destinadas a confidentes. Y dió nombres: José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo y los inspectores José Angel Fuentes Gago y Bonificación Díaz Sevillano.
Los inspectores citados, junto a Villarejo, dependían del comisario Eugenio Pino, a quien se ha señalado como el origen de la «brigada patriótica», cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente del Ministerio de Interior. Enrique García Castaño era el jefe de la UCO en ese momento, responsable de las operaciones encubiertas para casos de terrorismo y delincuencia organizada.
De los fondos reservados salían los 2.000 euros mensuales para, por ejemplo, el chófer de Bárcenas además de los 700 euros que habría costado una pistola para él, que fue comprada por un policía de la UCO por orden de García Castaño. Y precisamente García Castaño, al frente de la UCO, recibía una dotación distinta a la que se daba a la Comisaría General de Información, todo por orden directa del comisario Pino.
