Sonia Sainz-Maza tenía 48 años cuando fue diagnosticada de cáncer de colon con metástasis. Fue el pasado mes de abril cuando, al sentir dolor en una pierna, decidió pedir cita médica. El médico consideró que no era necesario darle una cita presencial. Tampoco cuando comentó que había perdido mucho peso en poco tiempo.
Cuando en junio acudió al hospital con un volante, tampoco le atendieron porque en el informe que había hecho el médico (en base a los datos dados por teléfono), lo que tenía era algo similar a una lumbalgia y requería de un tratamiento de rehabilitación. Sin más. Y le dieron cita para acudir en 2021.
Como habían sido muchos los kilómetros desde su pueblo hasta el Hospital, decidió que ese dolor debían mirarlo en Urgencias. Así que pasó consulta y le diagnosticaron una tendinitis. Le pusieron una inyección y le recomendaron reposo en casa.
Al no dejar de perder peso y seguir encontrándose mal, se dirigió al hospital de Cruces en Barakaldo (Euskadi). Allí le despacharon igualmente rápido y le afearon el riesgo de haberse expuesto al COVID-19 yendo así a Urgencias.
Sonia seguía empeorando, en su casa, y sin que nadie reaccionase ante una situación que evidentemente necesitaba ser analizada y estudiada. Algo que no sucedió hasta un mes después, cuando tuvo que volver a urgencias, mucho más grave, de Barakaldo. En esta ocasión procedieron a ingresarla y fue cuando descubrieron que tenía un cáncer de colon con metástasis. Días después, el 13 de agosto, Sonia falleció.
La hermana, que está encargándose ahora de pedir responsabilidades por lo sucedido, ya ha expresado que es necesario revisar el modelo de atención telefónica en los servicios sanitarios, porque está segura de que fue la causa de la muerte de su hermana. «La atención telefónica es inmoral, va en contra del juramento hipocrátco. No es medicina y se tiene que eliminar de la agenda sanitaria de España», ha afirmado.
El pasado lunes, la Consejera de Sanidad, Verónica Casado, se puso en contacto con la hermana de Sonia para informarle de que se abría una investigación reservada.
Ayer fue la Fiscalía Superior de Castilla y León, a instancia de la Asociación El Defensor del Paciente, la que ha decidido incoar diligencias de investigación y remitirlo a la Fiscalía de Burgos.
