La noticia sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional respecto a la petición al Supremo de que Pablo Iglesias sea investigado como presunto delincuente es de locos. Una guerra política encubierta bajo las togas. Es un «law fare» de libro, pues supone el uso de procedimientos judiciales para generar una opinión pública negativa contra el adversario político, sin haber una sola prueba para quebrar su presunción de inocencia.
El «lawfare» va normalmente de la mano de los denominados «golpes blandos», que consisten en hacer caer gobiernos sin usar el ejército pero utilizando supuestas leyes que son interpretadas por jueces. Con la ayuda de medios de comunicación y el uso de redes sociales para generar calado en cierta parte de la sociedad que lo legitimaría. Después valdría con forzar unas elecciones y así ver «respaldado» el golpe con las urnas dentro de un procedimiento aparentemente legal.
Una locura. Un esperpento. Una brutalidad en democracia.
Como locura, esperpento y brutalidad en democracia ha sido lo que ha venido sucediendo con el caso Dina en lo que a proceder procesal se refiere. El baile de usar a Pablo Iglesias, víctima evidente de lo ocurrido, para moverle de un lado al otro es una patada al Derecho en los morros. Querer jugar con la situación de alguien que es víctima para de pronto convertirlo en delincuente supuestamente generador de la propia situación que él mismo denuncia es para que a una le explote la cabeza. No hay por dónde cogerlo.
Resulta que la asistente en el Parlamento Europeo tiene datos de su entonces jefe en el teléfono móvil (como cualquier asistente parlamentaria, como mínimo). Mientras compra en el ikea con su novio, alguien le roba el abrigo, donde estaba el teléfono. Acude a comisaría a denunciarlo. Hasta ahí.
Mientras tanto, la vida sigue y continúan produciéndose las cosas que se producen en este país. Cosas como la detención del ex comisario Villarejo dos años después y el acceso a la «información» que tenía en su poder. Gigas y gigas de grabaciones de medio mundo de la política, la gran empresa y los periodistas del Estado. Y entre ellas, sorprendentemente, el contenido de la tarjeta del móvil de Dina.
Según la versión publicada, Villarejo habría tenido acceso a esta información porque previamente habría llegado a un periodista de Interviu. Pasó de mano en mano hasta los jefes. Del director, Pozas, pasó al subdirector Rendueles, y de éste a Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta.
No se sabe cómo, pero Villarejo se entera de que Reudeles tiene este material, y finalmente se hace con él.
Asensio había contactado también con Pablo para darle la tarjeta. O al menos una de las tarjetas, porque ya se habían hecho copias.
Se supone que le entrega la tarjeta, a pesar de que el contenido ya estaba rodando vaya usted a saber por dónde. Y esta tarjeta Pablo se la queda un tiempo (que no está claro cuánto fue) antes de devolvérsela a Dina. Al llegar a ella, la tarjeta estaba inservible y no se podía acceder a los datos que contenía. Intentan hacerse con ellos.
Se ha llegado a acusar a Pablo Iglesias de haber eliminado la información «destrozando la tarjeta». Pero las pruebas periciales realizadas sobre la tarjeta niegan con contundencia que haya sido así.
Había quedado claro que Pablo no podía ser parte activa en la trama, sino todo lo contrario: parte perjudicada, puesto que resulta evidente que la información que había en el teléfono le importaba. De lo contrario, ¿qué más daría lo que tuviera una asistente en su teléfono móvil sobre su jefe? Algo debía haber, evidentemente, que serviría para chantajear a Pablo llegado el caso. Y da la sensación de que incluso podrían haberlo intentado. Por lo menos, quien robase el teléfono tenía ese objetivo, puesto que acabó en manos de Villarejo y en las de algún director de algún medio.
Llegados a este punto: es evidente que la información que había en el teléfono de Dina no era de tipo delictivo ni nada que requiera que la opinión pública deba conocerlo por poder ser un asunto grave. Porque de ser así, a nadie le cabe duda de que se sabría a bombo y platillo. Por lo que a nadie le resultaría extraño que lo que había ahí perjudica a la intimidad, podría generar problemas personales y dependiendo de las circunstancias, podría suponer un pequeño escándalo público que dañaría la imagen de alguna persona. Es un suponer. Pero evidentemente es lo único que me encaja para que se haya montado semejante tinglado por el robo de un móvil.
Si todo esto fuera así, en una realidad absolutamente teórica, podría llegar a pensarse que todo lo que está sucediendo sigue siendo parte de esa intención primigenia.
Hablaba ayer César Calderón de la «cortina de humo» para atacar el plan del Gobierno para la recuperación. En realidad la verdadera cortina de humo que tenemos es todo este pifostio que han montado con el caso Dina. Todas las triquiñuelas habidas y por haber para, en definitiva, hacer daño a Iglesias y aniquilarle políticamente. Destrozar su imagen pública. Y si de paso tiene problemas íntimos y personales, pues también. Total, ya se ha visto que la intimidad y la seguridad de su familia se podían vulnerar día sí y día también.
Vaya por delante que a mí, como espero que a la mayoría de la gente decente de este país, me importa un pimiento el contenido del teléfono de Dina. Porque doy por hecho que nada delictivo hay ahí. Y por lo tanto, la intimidad y la vida privada de la gente, incluído Pablo Iglesias, me trae sin cuidado. Porque en el fondo intuyo que con eso se juega aquí.
El cabreo monumental de Rafa Mayoral debería suscribirse por cada demócrata de este país. Merece la pena escucharle:
El juez quiere imputar a Pablo Iglesias por ser el responsable de un espionaje parapolicial a Pablo Iglesias para beneficiar electoralmente a Pablo Iglesias. De locos.
Aquí explico de qué va el asunto ⤵️ pic.twitter.com/KuOZtrNKYs
— Rafa Mayoral (@MayoralRafa) October 7, 2020
Todo lo que dice Mayoral es importante. Sobre todo lo que dice al final. Aquello de que «hoy es Pablo Iglesias. Pero mañana puedes ser tú». Una gran verdad. Tan grande tan grande como cuando hace un par de años lo dijo Omnium. De hecho, lo dijo exactamente igual, con la misma frase: «Mañana puedes ser tú».
Si uno ve el video de Mayoral y el de Omnium se dará cuenta de que esto ya sucede. En algunos lugares, entre algunos colectivos lo saben bien. El problema en muchos casos es que, cuando esto ha sucedido, la injusta equidistancia ha sido la postura de quienes pudieron ser fundamentales para desequilibrar una balanza que ha permitido la perpetuación de estas prácticas.
Confío en que no haya revanchismo, que no veamos el «te lo dije» ahora que aquello «que se dijo» ha vuelto a suceder. Los que no tenemos la más mínima duda de la inocencia de Iglesias, también sabemos de la inocencia de Cuixart. Y de tantos otros que no han cometido delito alguno, aunque buena parte de la sociedad estén convencidos de ello. Porque el «law fare» se viene aplicando desde hace tiempo, demasiado tiempo. Supongamos que quizás no haya dejado de practicarse cuando se debía haber finalizado hace cuarenta años.
La «cortina de humo» ha sido todo lo demás. Incluídos los que han colaborado haciéndonos creer que había prensa libre y progresista en los medios de comunicación de masas. Ellos han hecho posible fundamentalmente la cortina.
Y ahora, ¿qué? ¿seguiremos viendo cómo la rueda sigue y sigue?
Quizás yo le pondría un «pero» a la campaña de Omnium y a las palabras de Mayoral, si me lo permiten. No es que «mañana puedas ser tú», sino que en una sociedad que sufre este «golpe blando», somos todos nosotros los perjudicados, y lo estamos siendo hoy. Porque, fundamentalmente, nada hicimos ayer pensando que esto era cosa de los demás.
