España no tiene escrúpulos a la hora de politizar la justicia. Es aberrante y vergonzante como lo hacen. Y todos a callar. El secuestro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es como mínimo un escándalo antidemocrático en pleno siglo XXI. El bloqueo del PP para la renovación del Poder Judicial dura dos años ya. Lo extraño es que no salgan voces a arreglar esta situación. la política española se hace dueña de la justicia. Debería ser la propia justicia, independiente y neutral, quien debería elegirse a sí misma, no por medios de políticos. y menos secuestrarla como se está haciendo.
Esto viene a colación porque ahora el PP, como suele ser habitual cuando mandan los de su ideología en Europa, recurre sibilinamente a la Comisión Europea. Y esta, como muchas hace con España, ha mostrado sus dudas sobre esta ley, y ha señalado que podría violar las normas comunitarias. El Gobierno no ha respondido oficialmente, pero en privado ha señalado que mantendrá su plan y que Bruselas no ha entendido la reforma porque aún no se la han explicado. A eso se dedicará ahora el Ejecutivo para despejar dudas.
Bruselas había urgido a la renovación del órgano judicial, pendiente desde 2018, pero ahora considera que la vía emprendida para hacerlo por el Gobierno de Pedro Sánchez puede poner en peligro la independencia judicial y agravar la impresión de que el CGPJ es vulnerable a una politización. Pero es eso lo que ocurre exactamente en España. El CGPJ lleva tiempo haciendo estragos a la hora de ‘ordenar’ jueces afines a intereses creados. Véase el juicio farsa al Procés, los escándalos de las tramas de corrupción donde los ‘M. Rajoy’ salen de rositas, la no imputación del Emérito, etc. etc. etc.
No es por defender ni mucho menos al Ejecutivo de Sánchez. Pero resulta curioso que se considere que la vía emprendida para hacerlo por el Ejecutivo socialista pueda poner en peligro la independencia judicial y agravar la impresión de que el CGPJ es vulnerable a una politización. Europa no lo había dicho nunca con la misma energía que ahora. La justicia politizada española es un tumor que afecta a todos los ciudadanos de un Estado perteneciente a la Unión Europea. Como mínimo no se puede poner en duda la inconveniencia de cambiarla.
En cualquier caso el Gobierno de coalición no tiene, por ahora, intención de retirar la reforma, que ya está registrada en el Congreso, y confía en poder despejar las dudas de Bruselas. De hecho, fuentes del Ejecutivo señalan que de momento la Comisión no ha tomado ninguna decisión sobre el asunto y la polémica se basa en las declaraciones de un portavoz. Veremos como acaba la reforma del Poder Judicial #MarcaEspaña.
