El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias han presentado esta mañana el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado 2021.
El proyecto ha de ser aprobado en el Congreso de Ministros.
La principal novedad de este proyecto es la modificación de la regulación sobre algunos impuestos como el de sociedades -respecto a las grandes empresas-, patrimonio e IRPF -afectando a las rentas más altas-.
Además, el presupuesto apuesta por las inversiones verdes en innovación.
Por lo que respecta a las modificaciones en el IRPF, habrá una subida impositiva de tres puntos a las rentas del capital superiores a 200.000 euros llegando así al 26%.
Para los ingresos del trabajo que superen los 300.000 euros, la subida será de dos puntos, pasando el tipo marginal del 45% al 47%.
Subirá un punto el impuesto al patrimonio, que depende de las comunidades autónomas, por lo que deberán llevar a cabo la implementación de esta medida.
En el impuesto de Sociedades es donde se llevará a cabo la modificación más ambiciosa. Se limitarán las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales.
Además, aunque ya se anunció con antelación, se prevé la subida de las pensiones, que tendrá lugar con arreglo al IPC. Las mínimas o no contributivas subirán el doble (el 1,8%).
El IPREM, que es el indicador de referencia para calcular las ayudas y prestaciones, subirá un 5% tras tres años de estancamiento.
Se destinarán 6.000 millones para la transición ecológica, se aumentará en un 70,2% el presupuesto en educación, un 102% el de infraestructuras, y se destinarán 1.300 millones adicionales para el comercio y el turismo, además de 790 millones para la agricultura.
Se garantizará una mayor cobertura para poder garantizar el ingreso mínimo vital: se reduce de tres a dos años de vida dependiente y podrá haber más de dos titulares en un mismo domicilio que reciban la prestación.
También se prevé la limitación de los precios del alquiler, que se abordará en un periodo máximo de cuatro meses, a través de una nueva ley que está siendo desarrollada en estos momentos. Se posibilitará la bajada del precio en aquellas zonas que se cataloguen como susceptibles de «mercado tensionado».
