En marcha, desde esta mañana, una operación de la Guardia Civil contra una supuesta trama de financiación irregular del Procés mediante el desvío de infundados fondos públicos. Entre las personas investigadas en la causa hay varios empresarios próximos a JuntsxCat y Esquerra Republicana de Catalunya, algunos de los cuales habían tenido responsabilidades en anteriores gobiernos.
El dispositivo policial lleva el nombre de Operación Volshov y está dirigida por el juez Joaquín Aguirre del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que investiga, según se ha informado en un primer comunicado, «delitos relacionados con la corrupción y/o los desórdenes públicos».
Este juzgado ha informado también de 31 entradas y registros en ocho partidos judiciales de Catalunya. En concreto, se han hecho en las provincias de Barcelona y Girona.
Una nota de prensa emitida conjuntamente por el Ministerio del Interior y la Guardia Civil explica que han sido detenidas 21 personas, investigadas por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.
También ha facilitado los nombres de algunos de los investigados, entre ellos David Madí, Oriol Soler y Xavier Vendrell. También Xavier Vinyals, Toni Fuster, Roc Aguilera, Pilar Contreras, Marta Molina, Jordi Mir y Jordi Serra.
Xavier Vinyals es el presidente de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas. Toni Fuster y Roc Aguilera son los propietarios de la empresa Events, de Igualada. Pilar Contreras es la directora general de centros concertados y privados. Marta Molina es ex concejal de ERC en Sant Joan Despí. Jordi Mir es el alcalde de Cabrera de Mar. Y Jordi Serra es interventor delegado del Ayuntamiento de este mismo municipio.
Un año y medio de investigación
Desde el juzgado número 1 de Barcelona ha explicado que la operación desplegada esta mañana es fruto de una investigación que comenzó hace un año y medio y que es una pieza secreta derivada de la causa abierta en noviembre de 2016 por un supuesto delito de corrupción en la Diputación de Barcelona.
La nota de Interior y la Guardia Civil añade que el origen del supuesto desvío de fondos públicos que se investiga son la Diputación de Barcelona y la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas.
Habla de un supuesto delito de prevaricación en la recalificación de unos terrenos rústicos de Cabrera de Mar y la posterior adjudicación de una obra. También de irregularidades cometidas a Cabrera por el Departamento de Educación, tanto en la recalificación de los terrenos como en la adjudicación del concierto en una escuela.
Explica también que la operación continúa abierta y no se descarta hacer nuevas detenciones; y que hasta ahora se ha decomisado una «gran cantidad de documentación» y también soportes informáticos y de telefonía móvil.
La nota no hace ninguna mención a Tsunami Democrátic, la plataforma que promovió varias protestas contra la sentencia del proceso, como la concentración multitudinaria en el aeropuerto del Prat.
En la información que ha avanzado el digital El Confidencial se destaca que algunos de los investigados serían los impulsores de Tsunami Democrátic y añade que habrían aprovechado su afinidad con JxCat y ERC para conseguir subvenciones y adjudicaciones irregulares del gobierno presidido por Quim Torra. Una parte de este dinero se habría utilizado, supuestamente, para financiar la estancia en Bélgica del ex Carles Puigdemont.
