El Tribunal Supremo en su sentencia obliga al Estado a pagar a tres bancos, Caixabank, Bankia y Banco Santander, los 1.350 millones de euros que en su día adelantaron para compensar a la constructora ACS y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón por su impacto medioambiental.
Según explican los magistrados, esos 1.350 millones se repartirán de la siguiente forma: el 50,9%, para el Banco Santander; el 34%, para CaixaBank; y el 15%, para Bankia. El Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, se comprometió a devolver dicha cantidad en 30 años, aunque en realidad, quienes iban a pagar eran los consumidores a través de un suplemento en la factura del gas.
En su sentencia, conocida este jueves, el Supremo estima parcialmente el recurso de los tres bancos, que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que le instaban, sin éxito, a la devolución del dinero aportado.
La construcción del almacén Castor provocó casi mil terremotos en la zona de Castellón , y el Gobierno decidió suspender la actividad de esta planta de almacén de gas, propiedad de una empresa participada mayoritariamente por la ACS del inefable Florentino Pérez, tras varios terremotos registrados en la zona, ubicada a pocos kilómetros de la costa castellonense de Vinaròs.