Una vez más Amnistía Internacional ha vuelto a pedir la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y poner así fin a la «injusticia» que viven desde hace tres años. La organización ha afirmado que los tres poderes del Estado «tienen la oportunidad de corregir los efectos de una condena injusta contraria a los derechos humanos».
Así, ha apuntado que la fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) debe impulsar pronto una resolución del recurso de amparo interpuesto por los presos, instando a la anulación de la condena dictada por el Tribunal Supremo (TS). La organización ya apuntó en 2019 que la sentencia vulnera el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Instó también al indulto y la reforma del delito de sedición.
En cuanto al poder ejecutivo, le instó a habilitar herramientas idóneas para que Sánchez y Cuixart sean puestos en libertad. El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha asegurado que este poder tiene la oportunidad de tramitar pronto los expedientes de indulto y ha valorado que cualquier medida que suponga «poner fin a la injusticia de su encarcelamiento, será bienvenido por Amnistía «.
Por último, instó al poder legislativo a emprender cuanto antes la reforma del delito de sedición, «que vulnera el principio de legalidad». Amnistía ha expresado su preocupación porque este tipo delictivo se haya usado contra Sánchez y Cuixart, que ha considerado que se ha empleado «de manera extensiva» por el Supremo. Alertó que esto podría «abrir la puerta en un futuro a mayor criminalización de actos directamente relacionados con el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica».
Ante esto, Beltrán afirmó que el poder legislativo debe impulsar una reforma del delito de sedición «para garantizar que no se criminaliza indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica, ni se imponen penas desproporcionadas a actos de desobediencia civil pacífica, tal y como ha ocurrido en este caso «.
Por último, ha esperado que el Supremo resuelva cuanto antes la «confirmación» de la progresión a tercer grado autorizada por las autoridades penitenciarias catalanas.
