El Tribunal Supremo y su Fiscalía, no sabemos con que intención, han abierto esta semana hasta una tercera línea de investigación por actividades financieras supuestamente opacas al fisco llevadas a cabo por Juan Carlos I. A finales de octubre, el Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac).
Esta remitió a la Fiscalía Anticorrupción un informe donde apuntaba la existencia de sociedades sospechosas radicadas en el paraíso fiscal de Jersey supuestamente vinculadas al rey emérito y con fondos millonarios no declarados al fisco español, según confirmaron a este periódico fuentes fiscales.
Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, decidió también iniciar diligencias de investigación tras conocer el contenido de este informe de inteligencia del Sepblac y encargar las pesquisas a la Fiscalía del Supremo, donde ya se trabaja en otras dos piezas sobre supuestas actividades ilegales de Juan Carlos I.
Primera Pieza
Una de ellas, en la que el fiscal Juan Ignacio Campo lleva trabajando cinco meses, intenta esclarecer si el rey emérito cobró comisiones ilegales por la adjudicación de las obras del AVE a la Meca a un consorcio formado mayoritariamente por empresas españolas. Los años de aquella supuesta mordida de la que aún no existen pruebas son anteriores a la abdicación, por lo que cualquier delito cometido por el monarca gozaría de la inviolabilidad prevista en la Constitución.
Segunda Pieza
La segunda pieza abierta en la Fiscalía del Supremo tiene que ver con la disposición de fondos de un empresario mexicano por parte de Juan Carlos I. Esa investigación se inició a finales de 2019 en la Fiscalía Anticorrupción, por la que han pasado distintas personas, entre ellas el amigo millonario del rey emérito que supuestamente le donó ese dinero, implicadas en unas operaciones ocultadas a Hacienda.
Tercera Pieza
El descubrimiento de cuentas en paraísos fiscales propiedad de sociedades vinculadas a Juan Carlos I es la tercera investigación de la Fiscalía para esclarecer si sus actividades financieras se ocultaron al fisco español y si se produjeron en un periodo de tiempo, posterior a su abdicación en 2014, en el que cabe una imputación al monarca.
¿Operación de Blanqueo?
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, aseguró el viernes que las pesquisas están en una fase “embrionaria” y que todavía es prematuro determinar si los indicios apuntan solo a una infracción fiscal o pueden acabar siendo considerados un delito.
Hay que recordar que tanto el Tribunal Supremo como su Fiscalía, ostentan el cargo por la designación de los partidos políticos del régimen del 78. Muy en contra de ajusticiar al antiguo jefe del Estado, y muy a favor de la monarquía de los Borbones.
Por lo que esas dudas antes de siquiera saberse si celebraría un juicio no ayudan a creer en esas investigaciones. Con lo que estaríamos hablando de una nueva ‘Operación de Blanqueo’ más del estado español. Algo que ya no tiene acostumbrados a pesar de la estupefacción que causa…
