Los Presupuestos Generales de Estado (PGE) para 2021, elaborados por el Ejecutivo tras varios años de prórrogas continuadas, son los más extendidos en la historia del gasto público con la ayuda de la espectacular inflación de asesores y ministerios. Algo que choca con la recesión económica y laboral contractual. Se ha creado una estructura administrativa por el Gobierno de coalición (PSOE y Podemos) con personas procedentes en muchos casos de los propios partidos que lo conforman o de compromisos particulares.
Se trata del personal de confianza que se elige por ‘enchufe’ (cesa cuando sale el alto cargo que le ha nombrado), que no ha realizado prueba ni oposición alguna y que no concurre en una valoración de méritos académicos o profesionales. Es más, no se conocen sus nombres (no son públicos), es el secreto mejor guardado, ni sus condiciones económicas. Pero que supondrán un gasto al Estado de 65 millones para el 2021.
La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado contempla que el Gobierno, incluyendo a los organismos autónomos y al resto de entidades públicas que cuelgan de los ministerios, dispondrá por primera vez de 1.212 asesores contratados a dedo frente a los 860 nombrados por el PP con los que se encontró Sánchez al llegar a La Moncloa en 2018. Un 45% más de los 44,8 millones que la Administración gastó en cargos de confianza en 2018.
Hay que recordar que el actual presidente del Ejecutivo, en el primer presupuesto que realizó en 2019, estimó 950 asesores, pero fue rechazado por el Congreso (de 2020 no hay cifras oficiales). Lo que significa que desde 2019 la cifra ha crecido en un 27,6% y un 41% desde que Mariano Rajoy salió de la presidencia. Y eso en plena crisis histórica pandemia sanitaria, económica, y social.
