La Comisión de Asuntos Legales del Parlamento Europeo reinicia hoy el procedimiento suplicatorio sobre Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsati.
El COVID-19 ha paralizado hasta ahora el procedimiento al no poderse celebrar reuniones presenciales. Sin embargo, se ha autorizado que el proceso se reinicie de manera telemática y de forma confidencial, esto es: a puerta cerrada.
La Comisión de Asuntos Legales está compuesta por 22 eurodiputados provenientes de diferentes estados miembro de la UE. Aunque la representación no es igualitaria, pues hay mayor presencia de diputados españoles.
La preside el eurodiputado Adrián Vázquez (Ciudadanos). El ponente de la propuesta es el búlgaro Angel Dzhambazki, que deberá hacer una breve introducción para presentar el asunto ante los demás miembros de la comisión parlamentaria. Este diputado es miembro del Movimiento Nacional Búlgaro y comparte grupo parlamentario con los diputados de Vox. Es irregular, de entrada, que se haga la petición por un mismo ponente para los tres eurodiputados. Cada caso debería tener un propio procedimiento, al tratarse de tres representantes de la cámara.
A continuación, Puigdemont, Comín y Ponsatí tendrán su turno de palabra.
Hechas las alegaciones pertinentes, el ponente hará una propuesta sobre si considera que debe eliminarse la protección como eurodiputados o si por el contrario deberán permanecer aforados.
Su propuesta se debatirá y se someterá a votación por los miembros de la comisión parlamentaria.
Con la decisión que adopten, se acudirá al plenario del Parlamento que deberá votar de nuevo y adoptar la decisión final.
Si la votación es negativa, los eurodiputados seguirán exactamente igual que hasta ahora y el proceso para juzgarles no se podrá poner en marcha hasta que dejen de ser eurodiputados. España no podría solicitar un nuevo suplicatorio por la misma causa ni contra las mismas personas.
Si la votación es positiva, seguirían siendo eurodiputados, pero habrían perdido la inmunidad para este caso, lo que supondría que la justicia podría conocer del asunto de manera inmediata.
Comín y Puigdemont acudirían a la justicia belga, puesto que son residentes de Bélgica y es allí donde el juez deberá determinar su entrega a la justicia española. A juzgar por lo acontecido hasta ahora, con lo que ha pasado con el consejero Lluis Puig, lo más seguro es que Bélgica rechace la extradición y entrega de Comín y Puigdemont.
Valoración de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont
Según ha expresado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, «el suplicatorio va para largo». Esta misma mañana ha remitido una serie de escritos, de índole técnica, donde el abogado cuestiona todos los puntos sobre los que se articula el suplicatorio, alegando la falta de respeto a los derechos fundamentales, así como el interés que persigue el Tribunal Supremo español.
El reglamento del Parlamento pone límites
El reglamento del Parlamento Europeo, concretamente el que regula la actividad de la Comisión de Asuntos Políticos, establece límites al suplicatorio. Concretamente, si los motivos que promueven dicha petición son de índole política, no deben permitirse en la cámara.
Además, si fueran extraditados, la defensa plantea que no tendrían un juicio justo, partiendo de la base de que el Supremo no es el tribunal correspondiente que debiera juzgarles. Además, no todas las personas procesadas por el asunto del referendum del 1 de octubre han sido tratadas de la misma manera: aquellas personas que han renunciado a continuar en la vida política han tenido una suerte distinta a quienes se han mantenido. Un hecho evidente que será tenido en cuenta por la justicia europea sin duda.
Otra de las evidencias para considerar que la justicia española no está actuando conforme a los criterios europeos es el hecho de que, si Puigdemont, Comín o Ponsatí pisaran España serían inmediatamente detenidos, algo que no sucede en ningún otro país del mundo. Concretamente, no sucede en Europa, donde tienen inmunidad en cualquier territorio, excepto en la práctica, donde España parece saltarse estas normas.
