Albert Tió entrará en prisión mañana para cumplir la condena de cinco años de privación de libertad por ser miembro de la junta directiva de una asociación, Airam, que trabaja para la regularización del consumo de Cannabis.
A pesar de que el Parlament de Cataluña aprobó una ley a favor de este tipo de medidas, de asociaciones y de activismo, fue el Tribunal Constitucional quien la tumbó al considerar que no era un ámbito competencial de las regiones.
Actualmente son más de dos mil las asociaciones a favor de la regulación del consumo de Cannabis en España. De hecho, hay empresas privadas que se dedican a producir Cannabis y a venderlo y exportarlo con fines medicinales.
Sin embargo, tanto Albert como dos compañeros suyos de la asociación deberán entrar en prisión acusados de tráfico de drogas y pertenencia a asociación ilegal, cumpliendo con la condena más alta impuesta por pertenecer a una asociación cannábica.
En el pasado mes de enero solicitaron al Gobierno de España el indulto por estas condenas. Un indulto que todavía no ha llegado y que tendrán que esperar en prisión, mientras también esperan el recorrido judicial hasta instancias europeas.
Albert es padre de tres hijos menores de edad, por lo que ha solicitado que su entrada en prisión tuviera en cuenta su situación personal, algo que tampoco se ha tenido en cuenta. Es una persona sin antecedentes penales y que siempre ha trabajado de manera transparente y pública para defender lo que en otros países es perfectamente legal.
Actualmente, Podemos, el partido de colación del Gobierno español está trabajando por la redacción de una ley que precisamente regule el consumo de Cannabis. Una ley, que de estar ya aprobada, evitaría que personas como Albert y sus compañeros tuvieran que verse en estas circunstancias.
El consumo de Cannabis ha demostrado ya efectos positivos para casos de enfermedades, siendo un remedio para distintas afecciones que no conlleva efectos secundarios que otro tipo de tratamientos sí genera.
Además, desde asociaciones como Airam, se defiende un consumo responsable, transparente y que pueda controlar el acceso a estas sustancias por personas con un perfil determinado: en la asociación solamente podían asociarse, en principio, personas mayores de 21 años. Sin embargo, tuvieron problemas porque hubo quien denunció el hecho de no permitir a mayores de edad, con 18 años, que pudieran asociarse.
Desde la asociación siempre han sido incluso más garantistas de lo que la ley establecía en cuanto al consumo. Trabajaban por informar a los consumidores y ayudar a quienes tenían algún tipo de adición a diferentes sustancias.
Está demostrado que este tipo de lugares no fomenta el consumo de estas sustancias, sino que lo regula, lo controla y establece mecanismos para que quienes deseen consumirlo lo hagan de manera segura, tanto a nivel del producto como de la información sobre sus efectos y riesgos. Algo que, evidentemente no pasa, cuando el consumo no está controlado de ninguna manera, tal y como sucede ahora mismo.
La entrevista puede verse a continuación
