Una resolución que ha sido aprobada por el Parlamento Europeo el 25 de noviembre denuncia los «intentos de los Gobiernos de algunos Estados miembros de silenciar a los medios de comunicación críticos e independientes y socavar la libertad y el pluralismo».
La ponente del documento, Magdalena Adamowic, del Partido Popular de Polonia, afirmó: «Estamos asistiendo a la sustracción de la democracia, mediante mentiras. No hay libertad sin medios de comunicación independientes, no hay democracia sin pluralismo informativo. Los medios deben estar al servicio de la verdad, no de las mentiras. Deben servir a los votantes, no a los que detentan el poder. Deben proteger la democracia, no liquidarla. Por eso deben ser independientes».
Según informan en Periodistas-es, los eurodiputados «se muestran especialmente preocupados por la situación de los medios públicos en algunos países de la UE, porque se han convertido en un ejemplo de «propaganda progubernamental». Indican que la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación y seguridad de los periodistas son piezas clave del derecho de la libertad de expresión y de información y son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia en la Unión.
Los asesinatos de Daphne Carauna Galizia y de Jan Kuciak y su compañera son evidencias de los riesgos que corren actualmente los profesionales del periodismo.
El documento pide a las figuras públicas que se deje de atacar y denigrar a los periodistas, y se subraya la necesidad de investigar en profundidad cada ataque, protegiendo de manera más contundente a los profesionales.
El texto también advierte del peligro que tiene la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos: es negativo para el pluralismo e impide contener la propagación de la desinformación.
Se condena la injerencia masiva de los Gobiernos en los medios de comunicación a través de la publicidad institucional, e insisten en que los fondos de la UE no deben invertirse en medios de comunicación que estén controlados por los Gobiernos ni en propaganda política.
Estas prácticas de los Gobiernos denunciadas suponen un abuso de poder grave y sistemático en contra de los valores fundamentales de la Unión.
Se propone establecer un marco jurídico más contundente para prevenir y contrarrestar la proliferación de los mensajes de odio en internet, y se solicita más colaboración entre las plataformas de internet y los cuerpos policiales.
