Ni 24 horas después de que el Estado haya aprobado los presupuestos con los votos de ERC y PDeCat, el Tribunal Supremo ha anulado el tercer grado de los nueve políticos políticos encarcelados por el 1-O en considerarlo «prematuro».
La decisión afecta especialmente la ex presidenta del Parlamento Carmen Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, que mantenían el tercer grado a la espera de la decisión final del Supremo, mientras que los siete presos de Lledoners ya lo tenían suspendido cautelarmente, y ahora el tienen anulado por completo.
Los magistrados también los deniegan la aplicación del artículo 100.2, que les permitía salir algunos días a pesar de estar en segundo grado, por su «falta de conexión con un proceso de reinserción».
Una decisión que evidencia aún más que esta sentencia es una venganza y que, a pesar de que los presos políticos cumplen todos los requisitos para disfrutar del tercer grado, la justicia española y el Estado represor los quiere ver sometidos y perpetuar el escarnio.
