Tanto el Gobierno de Sánchez como la Casa del Rey, han elaborado y analizado distintos estudios jurídicos sobre la situación creada por los escándalos del Rey emérito. Según indica El Confidencial, ambas instituciones han solicitado en los últimos meses dictámenes legales y jurídicos no oficiales que han compartido.
Han tratado la manera de hacer frente a la difícil situación jurídica del anterior jefe del Estado, por ejemplo, su salida de España hacia Emiratos Árabes. Esos estudios incluyen también la opción de acometer diferentes reformas legales que, por un lado, blinden a Felipe VI y establezcan una barrera con su padre y, al tiempo, doten de mayor transparencia a la Casa del Rey.
El actual monarca impulsó algunas normas internas, como la de recepción de regalos y de transparencia. Una de ellas, impide que los miembros de la familia real reciban donaciones en dinero, de manera que si lo hicieran, tendrían que proceder «a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general».
Es decir, el Rey emérito tendría que devolver o donar el dinero que recibió de un empresario mexicano. Y hacerlo a una ONG, por ejemplo. Sobre esa base, hay varias iniciativas de reforma legal posibles que van desde los códigos internos de la Casa del Rey al impulso de una reforma constitucional para modificar la inviolabilidad del jefe de Estado, como solución más extrema.
