La Asociación de Víctimas del accidente ferrovial de Alvia inicia hoy los trámites para demandar al ministerio de Transportes y a la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios).
Explican a través de un comunicado público que «tras el procedimiento de infracción abierto a España por la UE y la negativa a investigar la tragedia, como exige Europa» acudirán a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.
En el año 2016 la Agencia Ferroviaria Europea concluyó que el Gobierno de España no había cumplido con la obligación de investigar la tragedia, en base a la Directiva de Seguridad 49/2004/CE. Se puso así además de manifiesto la falta de independencia y la invalidez de la investigación realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Se señala que «no analizó las causas de raíz, precisamente aquellas que afectan al propio Ministerio, Adif y Renfe. El documento concluye diciendo que deberá abrirse una investigación que cumpla con los requisitos de independencia y objetividad».
En enero de 2019 la Comisión Europea inició un procedimiento sancionador contra España por haber incumplido Directivas Comunitarias en la investigación de accidentes. Se puso de nuevo en entredicho el trabajo de la CIAF, señalando a las «deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación analiza e investiga los accidentes e incidentes».
Quien tenía entonces y mantiene ahora las competencias para nombrar los miembros que componen la CIAF es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es quien tiene la obligación de «de velar porque las investigaciones se lleven a cabo de manera independiente y acordes a la normativa nacional y europea».
Señala la Asociación de Víctimas del Alvia que «el Ministerio ha vulnerando las normas nacionales y comunitarias al nombrar miembros de la CIAF no independientes ni imparciales, y por lo tanto, no se garantizó una investigación acorde con la normativa vigente«.
La Asociación solicita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la renovación de parte de los miembros de la CIAF, que «a día de hoy no gozan de independencia». Además, solicitan a la propia CIAF que lleve a cabo una nueva investigación objetiva tutelada por la ERA y «que cumpla los requisitos legalmente establecidos, en especial, la independencia de sus miembros, el trámite de audiencia a las víctimas y atienda la totalidad de deficiencias expuestas en el documento de la Agencia Ferroviaria Europea».
Entrevistamos a Jesús Dominguez, presidente de la Asociación. Puede ver la entrevista a continuación
