El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial,
¿Existe el lobby judicial tardofranquista?
El Tardofranquismo sería un anacronismo político que bebería de las fuentes del centralismo bonapartista francés y del paternalismo de las dictaduras blandas y que incluirá en su cartografía la llamada “Doctrina Aznar” que tendría como ejes principales “la culminación de la“derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa” y el mantenimiento de la “unidad indisoluble de España “, lo que se tradujo en la prohibición por el Gobierno de Rajoy de la celebración del “referéndum del 1-O” en Catalunya y el posterior exilio y entrada en prisión de Puigdemont y sus Consellers.
El Tardofranquismo judicial tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Carlos Lesmes como croupier en la ruleta de adjudicación de cargos y procesos judiciales y a los jueces Marchena, Lamela y Llarena como sus más destacados peones. Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales intentará paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez. Así, el penúltimo ejercicio de “dislate jurídico” del Tardofranquismo judicial sería la revocación por el Tribunal Supremo del tercer grado a los 9 procesados por el procés que conlleva el finiquito del régimen flexible del que gozaban y les permitía salir de la cárcel para ir a trabajar o para hacer voluntariado, sentencia que sería la respuesta del Tardofranquismo judicial al intento de ERC de participar en la gobernanza del Estado tras su reciente apoyo a los Presupuestos Generales del Gobierno PSOE-UP.
En este mismo contexto se encuadraría la cabriola jurídica del Tribunal Supremo que habría decidido por unanimidad de sus miembros repetir el juicio a Otegi y a otros 4 implicados en el llamado “Caso Bateragune” por “pertenencia a organización terrorista” al intentar recomponer la extinta Batasuna. Otegi fue condenado a 6 años de prisión que cumplió en su integridad así como a inhabilitación para cargo público hasta febrero del 2021 pero dicha sentencia fue revocada en el 2018 tras estimar el TEDH de Estrasburgo que “se había vulnerado el derecho de los 5 acusados a un juez imparcial”,por lo que en el supuesto de una nueva sentencia condenatoria, tan sólo le quedaría pendiente de cumplir unos meses de inhabilitación. Como colofón a la ofensiva judicial contra el Gobierno Sánchez, asistimos a la decisión del Supremo de“investigar la gestión del COVID-19” en contra del criterio de la Fiscalía con la esperanza de incriminar al Vicepresidente segundo, Pablo Iglesias y provocar la ruptura del Gobierno PSOE-UP. Todo ello serían elementos constituyentes de la llamada “perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”.
