La comisión rogatoria enviada por el fiscal suizo que impulsó la investigación que determinará el futuro judicial más inmediato del rey emérito contempla penas de hasta diez años de cárcel para la examante del monarca y empresaria Corinna Larsen.
También para los gestores que diseñaron el entramado societario que sirvió a Juan Carlos I para ingresar los 64,8 millones de euros que recibió en 2008 de Arabia Saudí (equivalente entonces a cien millones de dólares). Por estos hechos también investiga al banco local Mirabaud.
En la primera comisión rogatoria de Yves Bertossa, representante del ministerio público, así constata. Este remitió a la Audiencia Nacional el 19 de agosto de 2019 y a la que según indica Vozpópuli. En ella, precisa que investiga a Corinna Larsen, Dante Canonica y Arturo Fasana por los delitos de blanqueo y “soborno de funcionarios públicos extranjeros”.
Esta sociedad había gestionado también en su día la fortuna del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. También se registró la sede del banco Mirabaud porque allí es donde tenía su cuenta la fundación Lucum, creada por Fasana y Canonica para gestionar el dinero saudí del Rey.
Hay que recordar que la examante del Rey confesaba que Juan Carlos I tenía dinero escondido en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans y la creación de una estructura societaria opaca. El investigador helvético registró la sede de la sociedad Rhone Gestión SA, propiedad de Fasana.
Así Yves Bertossa, fiscal del cantón de Ginebra, decidió abrir una investigación por su cuenta el 6 de agosto de 2018 al ver publicada en la prensa la conversación de Corinna Larsen con Villarejo. La Audiencia Nacional abrió una pieza separada nada más conocerse el contenido de dicha conversación en las cintas, pero la cerró en tiempo récord al concluir que el Rey era inviolable en el momento de los hechos como ya conocemos.
