La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en su día a ocho jóvenes de Altsasu a penas que oscilaban entre los 2 y los 13 años por un delito de odio y lesiones tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”, por lo que la sentencia de la Audiencia Nacional sería según fuentes judiciales “un auténtico dislate jurídico”,lo que provocó una inmediata reacción de repulsa popular e institucional. El Tribunal Supremo tras descartar la discriminación ideológica y obviar el principio “In dubio pro reo” , rebajó las condenas a penas que oscilan entre 1 y 9 años, agravado por la negativa de instituciones Penitenciarias a conceder el tercer grado a dos de los chavales a pesar del informe favorable de la prisión de Zaballa. Finalmente, al cabo de 4 años de larga travesía por las cárceles, el caso Altsasu será presentado en el Tribunal Europeo de Estrasburgo quien volverá a dar un tirón de orejas a la Justicia española pero que no impedirá que para entonces los chavales de Altsasu se hayan dejado en prisión sueños y jirones de libertad.
¿Nuevo “caso Altsasu”?
Acabada la pesadilla para los chavales de Altsasu, asistimos a un nuevo “casus belli” envuelto en los tules de un presunto delito contra la Corona. Así, 12 jóvenes han sido llamados a declarar en la Audiencia Nacional por el derribo en Pamplona de 2 estatuas presuntamente representativas de Colón y Felipe VI en un acto manconvocado por Sortu, Mujeres del Maíz, Africa United y Asociación Cultural Munata el pasado 12 de Octubre bajo el lema “Gora Herriak”.
Al igual que en el caso Altsasu, el atestado policial del día de autos fue redactado por la Guardia Civil y comunicado simultáneamente a todos los medios de comunicación del status quo del Estado español quienes amparados por la “espiral del silencio” de los medios de comunicación de masas, consiguió fijar en el subconsciente colectivo la idea de que “el simulacro es un delito contra la Corona”. mediante una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo. Este nuevo juicio sería la consagración de la nueva doctrina jurídica imperante en la Justicia española conocida como Doctrina Aznar y consistente en ”criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español”. En consecuencia, siguiendo el guión preestablecido en el citado “caso Altsasu”, la Audiencia Nacional condenará a los citados 12 jóvenes a penas de multa que oscilarán entre seis a veinticuatro meses “por utilizar la imagen del Rey de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”, condena que chocará frontalmente con los derechos de libertad de expresión y de crítica política y que significarán un nuevo episodio en la deriva autoritaria del Tardofranquismo judicial del Estado español.
